Google dispone de una serie de formularios desde los cuales es posible realizar denuncias de sitios que no cumplan con las directrices o no respeten licencias.
Aunque se recomienda en primera instancia contactar al propietario de los sitios, muchas veces esto no es posible o no hay respuestas, todo dependerá del caso.
Formularios de denuncia:
En los primeros dos es necesario estar logueados en las "Herramientas para Webmasters de Google", una cuenta se puede realizar de forma gratuita y con cualquier correo.
Sitio spam/duplicado/engañoso: https://www.google.com/webmasters/tools/spamreport?hl=es
Compra/venta de enlaces: https://www.google.com/webmasters/tools/paidlinks?pli=1
Sitio malicioso: http://www.google.es/safebrowsing/report_badware/
Sitio difamatorio: http://www.google.com/support/websearch/bin/request.py?contact_type=websearch_defamation
Sitio ilegal: http://www.google.com/support/websearch/bin/request.py?contact_type=websearch_illegal
Incumplimiento de AdSense: https://www.google.com/support/adsense/bin/request.py?contact=violation_report
FUENTE: Spamloco
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martes, 25 de enero de 2011
sábado, 1 de mayo de 2010
Uruguay: Pablo Borrás ¿Psicópata? Asesinato Múltiple en Colonia
Martes 11 de mayo - 19.00 hsATENEO DE MONTEVIDEO
“Amigos:
Estoy emocionada. Llega el momento que esperé toda mi vida, y por el que he trabajado los dos últimos años. Quiero compartir con todos ustedes la presentación de mi libro "PABLO BORRÁS ¿PSICÓPATA? ASESINATO MÚLTIPLE EN COLONIA".
Como les anuncié, investigué un tema que aumenta de manera alarmante en la sociedad, y que al decir de la Psicóloga Martha Stout, "es responsable de más daño y sufrimiento social que todos los otros trastornos mentales juntos". ¿Es una enfermedad? ¿Una manera de ser? ¿Cómo nos afecta? Haremos un viaje desde el psicópata manipulador que convive con nosotros o vive en la casa de al lado, hasta el abismo de la violencia y el asesinato. ¿Se puede prevenir? ¿Se puede curar? ¿Por qué un ser humano sin historia delictiva explotó un día y asesinó a cuatro personas a sangre fría? Dejemos que él nos lo cuente. Veamos qué dicen al respecto los psiquiatras y neurólogos que lo estudiaron. Les prometo que se van a sorprender. Y muchos, también, se van a plantear la pregunta más importante de todas: ¿Qué estamos haciendo con los niños?”
Así anuncia la presentación de su libro la autora Ethel Kapelius; que ya se encuentra a la venta por el precio de $ 350,oo más gastos de envío (para los que vivimos en el interior del país) que son aproximadamente cinco dólares. Aclarando que la solicitud del libro se deberá realizar en principio por encargue ó por compra directa el día de la presentación del libro al precio de $ 300,oo en el Ateneo de Montevideo.
Al evento asistirá el Comisionado Parlamentario y los profesionales que la asistieron en las pericias a Pablo Borrás.
Aclaramos que el hecho nos mueve de cerca y ha sido noticia en éste blog ver aquí.
miércoles, 7 de abril de 2010
Gobierno brasileño apoya film sobre el narcotráfico
Anuncio. En mayo será estrenada "Seguridad nacional"ANSA Y EL PAÍS
No es una práctica común que un gobierno auspicie una película más allá de los fondos que existan para ayudar a la producción. Pero el gobierno brasileño decidió colocarse detrás de "Seguridad nacional".
En el centro de la historia está el accionar de las Fuerzas Armadas en las fronteras amazónicas, y ese dato forma parte de las explicaciones. En los hechos es la segunda película que este año vincula al gobierno de Lula con el cine, aunque en la anterior oportunidad (la película sobre el propio Lula) se abstuvo de los apoyos.
El nuevo film, que tiene el patrocinio del Ministerio de Defensa, narra una conspiración del narcotráfico internacional contra Brasil, luego de que la Fuerza Aérea (FAB) fue autorizada, en 2004, a derribar aviones con cocaína procedente de Colombia y otros países que atraviesan la Amazonia.
Un avance publicitario de Seguridad nacional, la amenaza, que será estrenada en mayo después de haberse exhibido en la apertura de la reciente muestra Hollywood-Brasil en Los Angeles, comenzó a ser difundido esta semana en Internet, a través del portal YouTube.
El lanzamiento, que también tiene respaldo oficial de la Secretaría de Seguridad Institucional de la Presidencia, ocurre contemporáneamente con el debate sobre la adquisición de 36 aviones de guerra para la FAB, por unos 10.000 millones de dólares.
El reequipamiento de la Aeronáutica, la compra de blindados para el Ejército para vigilar las fronteras y de submarinos para la Marina, son iniciativas comprendidas dentro la Nueva Estrategia de Defensa, cuya prioridad es fortalecer la presencia militar en la región amazónica, según el anuncio oficial.
El director y coautor del guión es el norteamericano-brasileño Roberto Carminati, quien destacó que éste es el primer film con apoyo de las Fuerzas Armadas, las que cedieron aviones de combate, unidades y soldados que participaron como extras.
Actores y el equipo de filmación pernoctaron en el Centro de Instrucción de Guerra de Selva, en el estado de Amazonas, donde se forman los comandos para combates en la floresta.
"Teníamos que levantarnos al escuchar los petardos del cuartel, y tomar el café en pocos minutos como el resto de los soldados, fue una experiencia muy buena", contó Carminati.
La promoción de Seguridad nacional, la amenaza dice que el film aborda una "historia real", con la perspectiva de un "patriotismo inteligente". "Por primera vez los brasileños podrán ver en el cine el accionar de agentes de inteligencia, de la fuerza aérea y el ejército de una forma nunca antes mostrada", dice la publicidad.
La historia tiene como protagonistas a Thiago Lacerda, en el papel de un agente de la Agencia Brasileña de Inteligencia, y a Milton Goncalves, quien interpreta al primer presidente negro de Brasil. Lacerda y Goncalves participaron en varias telenovelas de la TV Globo y son actores conocidos.
El actor mexicano Joaquin Cosio personifica al narcotraficante Hector Gasca, mentor de un plan contra el Sivan, la red de bases terrestres, aviones, radares y satélites que vigilan el espacio aéreo de la Amazonia brasileña. En papeles de importancia también se encuentran Ângela Vieira, Marcio Rosario, Gracindo Júnior y Sonia Lima.
El héroe de acción que comenzó en la piscina
Seguridad nacional está protagonizada por Thiago Lacerda (Rio de Janeiro, 19 de enero de 1978), campeón de natación y modelo que tras estudiar Administración encontró su vocación de actor. Ha actuado en numerosas telenovelas y miniseries, con un particular destaque en su papel de Garibaldi en La casa de las siete mujeres (2003).
El actor se declara `fan` de Indiana Jones ("¿Quién no lo es?", se pregunta), reflexionando también que todos han soñado alguna vez con ser Batman o el propio Indy. Cuando leyó el libreto de Seguridad nacional, afirma, "se sintió transportado a su infancia", y piensa que el film demuestra que se puede hacer buen cine de acción en Brasil sin disponer del presupuesto de una película de 007.
FUENTE: El País Digital
sábado, 6 de febrero de 2010
Sofocan una reyerta de ochenta presos en la cárcel de Canelones
Enfrentamiento. Un recluso fue apuñalado en un pulmón y está grave
CANELONES | PATRICIA MANGO
Un enfrentamiento entre dos grupos de presos, ocurrido ayer de tarde en la cárcel departamental de Canelones, dejó a un recluso en estado grave herido en un pulmón.
Todo sucedió en el patio que comunica los módulos I y II. Allí todos los presos estaban en el patio cuando la calma se alteró abruptamente.
Todo sucedió en el patio que comunica los módulos I y II. Allí todos los presos estaban en el patio cuando la calma se alteró abruptamente.
Unos 80 presos comenzaron a pelear. Luego, se fueron diluyendo hasta quedar un enfrentamiento entre media docena de reclusos de cada uno de los módulos.
Uno de ellos fue gravemente herido con un corte carcelario. Los 15 policías que había en todo el turno debieron extremar medidas para disolver la reyerta. "Finalmente fueron separados" informó a El País el jefe de la cárcel, Juan Cabrera.
Los presos que participaron son considerados peligrosos. La identidad del herido no fue revelada aunque se sabe que está procesado por varias rapiñas. Este hombre fue trasladado de inmediato al hospital de Canelones. Tenía perforado un pulmón y ayer los médicos lo drenaban. El diagnóstico era reservado. Del autor material del corte, no se conocía aún la identidad pero se presumía estaba entre los 12 reclusos claramente identificados como participantes de la reyerta. Según el comisario Cabrera, los interrogatorios tienden justamente a develar la identidad. También se aguarda la evolución del herido para conocer si sabe quién fue que le asestó el corte.
Los presos que participaron son considerados peligrosos. La identidad del herido no fue revelada aunque se sabe que está procesado por varias rapiñas. Este hombre fue trasladado de inmediato al hospital de Canelones. Tenía perforado un pulmón y ayer los médicos lo drenaban. El diagnóstico era reservado. Del autor material del corte, no se conocía aún la identidad pero se presumía estaba entre los 12 reclusos claramente identificados como participantes de la reyerta. Según el comisario Cabrera, los interrogatorios tienden justamente a develar la identidad. También se aguarda la evolución del herido para conocer si sabe quién fue que le asestó el corte.
En medio de un despliegue de importancia, el vehículo para operaciones especiales se hizo presente en el lugar para custodiar la camioneta que trasladó entre 6 y 7 presos hacia a Dirección de Investigaciones. Fueron sacados por "razones de seguridad", expresó el jerarca de la cárcel.
Ahora se evaluará si serán regresados al centro de reclusión de Canelones o si serán llevados a otras cárceles. En la cárcel de Canelones hay entre 980 y 990 presos. Está ubicada en ruta 107 a metros de la populosa ruta 11. Ayer en la tarde reinaba la calma tras el incidente. Todos los presos fueron realojados sin resistencia.
PEDIDO.
El pasado 28 de enero la Asociación de Policías de Canelones (Aspoca) solicitó que se realice una mega requisa idéntica a la que se llevó adelante en el Comcar, con la presencia del comisionado Parlamentario Alvaro Garcé, legisladores y el gremio policial. "Una vez más fuimos discriminados" dijo a El País el presidente de Aspoca Jorge Molina, en la oportunidad. Según dijo Molina "es necesario recrudecer los controles de ingreso al establecimiento y y así se lo solicitamos a las autoridades del ministerio.
Paralelamente, la Justicia de Canelones trata de establecer cómo ingresó un arma a la cárcel canaria hallada la 27 de enero. Se trata de una pistola calibre 6.35 que estaba dentro de una heladera en una de las barracas, lugar de mediana seguridad. Para el gremio este hecho deja en claro la debilidad de los controles y pone en riesgo la vida de los guardias.
Ayer, coincidentemente, el sindicato de policías que se desempeñan en la cárcel difundió fotos de las condiciones edilicias de su lugar de trabajo.
"Son las lamentables condiciones de trabajo de los policías, no de los reclusos, ya que ellos tienen al comisionado parlamentario y a otros organismos e instituciones que velan por sus derechos", indicaron los policías. Según el sindicato las autoridades del Ministerio del Interior están en pleno conocimiento de la situación.
El pasado 28 de enero la Asociación de Policías de Canelones (Aspoca) solicitó que se realice una mega requisa idéntica a la que se llevó adelante en el Comcar, con la presencia del comisionado Parlamentario Alvaro Garcé, legisladores y el gremio policial. "Una vez más fuimos discriminados" dijo a El País el presidente de Aspoca Jorge Molina, en la oportunidad. Según dijo Molina "es necesario recrudecer los controles de ingreso al establecimiento y y así se lo solicitamos a las autoridades del ministerio.
Paralelamente, la Justicia de Canelones trata de establecer cómo ingresó un arma a la cárcel canaria hallada la 27 de enero. Se trata de una pistola calibre 6.35 que estaba dentro de una heladera en una de las barracas, lugar de mediana seguridad. Para el gremio este hecho deja en claro la debilidad de los controles y pone en riesgo la vida de los guardias.
Ayer, coincidentemente, el sindicato de policías que se desempeñan en la cárcel difundió fotos de las condiciones edilicias de su lugar de trabajo.
"Son las lamentables condiciones de trabajo de los policías, no de los reclusos, ya que ellos tienen al comisionado parlamentario y a otros organismos e instituciones que velan por sus derechos", indicaron los policías. Según el sindicato las autoridades del Ministerio del Interior están en pleno conocimiento de la situación.
Encontraron otra granada en Comcar
Una nueva requisa en el Comcar encontró otra granada en el establecimiento. Esta vez se trató de una granada de gas. La requisa se efectuó sobre las 19 horas del jueves en el módulo seis del complejo carcelario. Además de la granada se incautaron de 411,4 gramos de marihuana, 14 celulares, 35 cortes carcelarios, 30 litros de escabio, 6 baterías, 13 cargadores y 4 chips. Según autoridades de Ministerio del Interior esta es una nueva modalidad en que se realizarán requisas periódicas en las cárceles de mayor peligrosidad. El ministro del Interior, Jorge Bruni, anunció la semana pasada además que comenzaba a funcionar un nuevo grupo de policías en los controles de ingreso que revisarán también a la guardia y que no pertenecen a la Dirección de Cárceles para evitar hechos de corrupción. También se incorporó un escaner a los controles de visitas e ingresos.
FUENTE: El País Digital
El nuevo mapa de la droga
Carteles mexicanos avanzan en la región
Los cárteles mexicanos de la droga, que mantienen una violenta ofensiva contra el gobierno de México y representan "la mayor amenaza de delincuencia organizada en Estados Unidos", han extendido su poderío a 16 países de América Latina, de acuerdo con reportes de inteligencia estadounidenses que incluso ubican la operación de estas organizaciones criminales en otros continentes.
Investigaciones periodísticas documentan que en este mapa de influencia los narcos mexicanos también tienen una presencia creciente en Venezuela, República Dominicana y Costa Rica, como rutas obligadas - vía aérea- para el trasiego de remesas de narcóticos.
Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con datos del Centro de Inteligencia Nacional de Drogas (Ndic) y de la Agencia Antinarcóticos (DEA), elaborado en 2009, revela que los narcotraficantes mexicanos operan lo mismo en Alaska, que en Buenos Aires o en Sidney.
Los cárteles de Sinaloa y del Golfo-Zetas están clasificados por el gobierno estadounidense como las organizaciones que más han ampliado sus centros de operación en países de la región.
Con menor presencia se reporta al cártel de Tijuana, en cinco países latinoamericanos.
Las células del cártel de los hermanos Beltrán Leyva se han detectado en Guatemala y Colombia, las únicas dos naciones en las que operan todos estos grupos delictivos, mientras que
el cártel de Juárez se ha asentado en Argentina.
La organización del cártel de Sinaloa, que lidera Joaquín "El Chapo Guzmán", ha tenido una mayor capacidad de extender sus actividades delictivas en países latinoamericanos: está presente en 12 naciones, de acuerdo con el reporte de inteligencia de Estados Unidos.
Además de ese informe, autoridades de Venezuela, República Dominicana y Costa Rica confirmaron la presencia de actividades criminales de esta organización en su territorio, como parte de sus planes de "internacionalización".
Además de ese informe, autoridades de Venezuela, República Dominicana y Costa Rica confirmaron la presencia de actividades criminales de esta organización en su territorio, como parte de sus planes de "internacionalización".
Su fortaleza en México, donde tiene influencia en 17 estados, le permitió ganar terreno en 80 ciudades estadounidenses en la última década, desplazando incluso a los colombianos en el mercado de las drogas, lo que le abrió las puertas para realizar transacciones directas con proveedores como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) sin intermediarios.
Sus actividades delictivas se han extendido también a otras latitudes como España, Alemania, Francia, Suiza, Italia y Australia, aliándose con grupos de narcotraficantes locales.
El cártel del Golfo y su brazo armado, Los Zetas, bajo la jefatura de Heriberto Lazcano, "El Lazca", y Miguel Ángel Treviño Morales, "L-40", son los más fuertes rivales del cártel de Sinaloa (también llamado del Pacífico), por lo que la disputa por el control de territorios también se ha dado en países de América Latina, donde este grupo tiene presencia en 10 naciones.
Esta organización, considerada la más violenta por recurrir a ejecuciones y al secuestro de sus enemigos, tiene centros de operación en 13 estados mexicanos, mientras que en Estados Unidos ha optado por la estrategia de alianzas con pandillas locales en 43 ciudades, ampliando además la empresa criminal a países europeos como España, Italia y Portugal.
El cártel de Tijuana, negocio familiar de los Arellano Félix, a pesar de la captura de sus jefes más importantes continúa con una segunda generación de narcos liderada por Luis Fernando Sánchez Arellano -hijo de la operadora financiera de la organización, Enedina Arellano Félix-. Son ellos los encargados de mantener la presencia del grupo en cinco países latinoamericanos.
A pesar de los golpes que ha recibido, mantiene sus zonas de influencia en 15 estados del territorio mexicano y en 17 ciudades estadounidenses.
La estructura del cártel de los Beltrán Leyva, a pesar de que se independizó del cártel de Sinaloa en enero de 2008 -bajo la batuta de Héctor Beltrán-, ha logrado posicionarse en Guatemala y Colombia. En México tiene actividades en 11 entidades, y en 36 ciudades de Estados Unidos con el mercado de las metanfetaminas. Aún no concreta operaciones en otros continentes.
A pesar de los golpes que ha recibido, mantiene sus zonas de influencia en 15 estados del territorio mexicano y en 17 ciudades estadounidenses.
La estructura del cártel de los Beltrán Leyva, a pesar de que se independizó del cártel de Sinaloa en enero de 2008 -bajo la batuta de Héctor Beltrán-, ha logrado posicionarse en Guatemala y Colombia. En México tiene actividades en 11 entidades, y en 36 ciudades de Estados Unidos con el mercado de las metanfetaminas. Aún no concreta operaciones en otros continentes.
En este mapa regional de la influencia de los narcotraficantes mexicanos en el exterior, la DEA no tiene registro de la presencia del cártel de Juárez -de los Carrillo Fuentes- en América Latina, pero una investigación en Argentina documenta que este grupo ha logrado posicionarse en el mercado de la efedrina, para proveerse de este precursor químico y producir metanfetaminas para su distribución en Sudamérica.
Además ha ampliado sus operaciones a Europa, por lo que el control de la ruta desde el cono sur hacia ese continente es clave para el cártel.
FUENTE: El País Digital
jueves, 4 de febrero de 2010
Tres celulares darán la clave en el caso de Natalia Martínez
Investigación. Juez indaga a tres personas
MALDONADO | MARCELO GALLARDO
La investigación del caso de Natalia Martínez se reactivó ayer, cuando el juez penal pidió nuevas pericias en torno a tres de las personas indagadas. El objeto es determinar dónde estaba cada uno de ellos en el momento en que desapareció la joven.
El juez penal de 2° Turno de Maldonado, Gabriel Ohanian, pidió ayer la ampliación de las pericias técnicas a la red de telefonía celular de Piriápolis. Con esta medida el magistrado procura establecer con precisión dónde se hallaban tres de los hombres indagados oportunamente en la investigación. Con ello intentará establecer un posible vínculo de estas tres personas con Natalia Martínez.
Técnicos de la compañía Ericsson participaron ayer de la audiencia judicial, luego de proveer los equipos de las radiobases de celulares existentes en la zona.
Aparte de los técnicos, compareció también el abogado de los tres hombres investigados en el caso, el librero de Piriápolis, un amigo que lo acompañaba en la madrugada del 19 de enero de 2007, y otro individuo de Pan de Azúcar.
Fuentes del caso señalaron que durante la instrucción del caso surgieron contradicciones en las declaraciones del último de los mencionados, que aseguró encontrarse esa madrugada en Pan de Azúcar y en compañía de amigos. Varios testigos corroboraron su declaración. Sin embargo esta persona realizó esa madrugada una llamada desde su celular que no fue captada por la radiobase de Pan de Azúcar, sino por otra ubicada en las cercanías del cerro de San Antonio de Piriápolis. Precisamente, los técnicos que declararon ayer aseguraron que es imposible que una llamada efectuada desde Pan de Azúcar sea captada por una antena ubicada en Piriápolis y no por la de la localidad.
De modo que la pericia ordenada ayer por el juez procura obtener todo el tráfico de llamadas efectuadas por los involucrados entre Pan de Azúcar y Piriápolis, aunque se espera que el resultado sea el mismo al corroborado por los técnicos.
Una de las hipótesis que se maneja, la más firme, es que Natalia participó de una fiesta o reunión privada con otras personas. No obstante, aún se ignora qué cantidad de personas había allí.
Cabe recordar que la autopsia no pudo determinar en qué circunstancias se produjo el deceso de la joven, cuyo cuerpo se halló en el bosque de Laguna del Sauce. Los investigadores son ahora más optimistas en poder llegar a la verdad.
FUENTE: El País Digital
viernes, 29 de enero de 2010
ONU teme crímenes de presos fugados en Haití
Anuncio. El presidente dijo que enterraron 170.000 cuerpos
PUERTO PRÍNCIPE | AP, AFP Y EL PAÍS DE MADRID
Naciones Unidas expresó sus temores de que aumente la delincuencia en Puerto Príncipe, donde los presos se escaparon de las cárceles. Ayer, el presidente René Préval anunció que enterraron 170.000 cuerpos.
El presidente haitiano René Préval anunció que fueron recuperados "casi 170.000" cuerpos tras el sismo del 12 de enero, una cifra superior a los 150.000 que habían estimado anteriormente las autoridades.
"En 15 días se desplegaron muchos esfuerzos. La compañía nacional de equipamiento hizo muchos esfuerzos retirando cerca de 170.000 cadáveres de las calles y despejó las vías para facilitar la circulación", declaró el jefe de Estado en una conferencia de
En ese sentido, Naciones Unidas expresó sus "temores de que prisioneros evadidos de la las cárceles de Haití puedan abastecerse de armas y se libren a actividades criminales violentas", según dijo en Ginebra la Alta Comisionada para los derechos humanos de ONU, Navi Pillay.
Pillay también expuso informaciones "alarmantes sobre ejecuciones sumarias (de presuntos criminales) a manos de muchedumbres encolerizadas".
Uno de los lugares más tenebrosos de Puerto Príncipe es la que antes era la avenida principal de la ciudad, la Grand Rue.
Y por la noche, el polvo negro, fogatas de basura ardiendo, la gente tapándose la nariz con la camisa para evitar el olor a muerto… Cada vez que buscan imágenes de violencia, de saqueo, de pobreza, de destrucción, allí las encuentran.
Y sin embargo, los lugareños se quejan de que ninguna foto logra reflejar la desolación que emana de ese lugar cuando cae la noche. Es que ni la policía ni los Cascos Azules de la ONU patrullan el lugar oscuro.
Era la calle con más tránsito antes del terremoto y ahora tal vez sea en la que más muertos quedan por sacar. Cada mañana vuelve a llenarse de transeúntes, saqueadores y policías. Pero la noche llega de golpe a la seis menos veinte y se convierte en uno de los lugares más peligrosos. Ayer, los restos de un cadáver ardiendo iluminaban una esquina. Como nadie iba a retirarlo, los vecinos lo quemaron para que oliera menos.
Allí, las casas que aún quedan en pie están en ruinas, aunque hay gente que aún duerme en ellas.
En Croix-des-Bouquets, el campo de refugiados que las autoridades establecieron, aún no se ha levantado ninguna de las 400.000 carpas que el gobierno haitiano dijo que tenía.
Dinero del FMI
El Fondo Monetario Internacional indicó que su consejo de administración aprobó entregar US$ 114 millones en ayuda de emergencia al país devastado para que pueda "pagar importaciones de primera necesidad sin agotar las reservas", según dijo el director general del Fondo, Dominique Strauss-Kahn, citado en el comunicado que fue difundido ayer.
El presidente haitiano René Préval anunció que fueron recuperados "casi 170.000" cuerpos tras el sismo del 12 de enero, una cifra superior a los 150.000 que habían estimado anteriormente las autoridades.
"En 15 días se desplegaron muchos esfuerzos. La compañía nacional de equipamiento hizo muchos esfuerzos retirando cerca de 170.000 cadáveres de las calles y despejó las vías para facilitar la circulación", declaró el jefe de Estado en una conferencia de
Ayer, los pequeños delitos se intensificaban en Puerto Príncipe, mientras la ONU se alarma por la amenaza que representan en las calles los jefes de pandillas evadidos de la cárcel, traficantes de niños y delincuentes de todo tipo.
En ese sentido, Naciones Unidas expresó sus "temores de que prisioneros evadidos de la las cárceles de Haití puedan abastecerse de armas y se libren a actividades criminales violentas", según dijo en Ginebra la Alta Comisionada para los derechos humanos de ONU, Navi Pillay.
Pillay también expuso informaciones "alarmantes sobre ejecuciones sumarias (de presuntos criminales) a manos de muchedumbres encolerizadas".
"La situación actual en Haití es un entorno favorable para los traficantes, los que proveen de adopciones ilegales u otros que quieran aprovechar la situación (...) para sacar niños de Haití", advirtió por su parte Unicef.
Uno de los lugares más tenebrosos de Puerto Príncipe es la que antes era la avenida principal de la ciudad, la Grand Rue.
Por la mañana, allí se ven saqueos en las ruinas de los comercios, peleas entre bandas, policías poniendo orden, polvo blanco de los escombros, cadáveres, fachadas como gigantescas bocas desdentadas a punto de tragarse a los transeúntes.
Y por la noche, el polvo negro, fogatas de basura ardiendo, la gente tapándose la nariz con la camisa para evitar el olor a muerto… Cada vez que buscan imágenes de violencia, de saqueo, de pobreza, de destrucción, allí las encuentran.
Y sin embargo, los lugareños se quejan de que ninguna foto logra reflejar la desolación que emana de ese lugar cuando cae la noche. Es que ni la policía ni los Cascos Azules de la ONU patrullan el lugar oscuro.
Era la calle con más tránsito antes del terremoto y ahora tal vez sea en la que más muertos quedan por sacar. Cada mañana vuelve a llenarse de transeúntes, saqueadores y policías. Pero la noche llega de golpe a la seis menos veinte y se convierte en uno de los lugares más peligrosos. Ayer, los restos de un cadáver ardiendo iluminaban una esquina. Como nadie iba a retirarlo, los vecinos lo quemaron para que oliera menos.
Allí, las casas que aún quedan en pie están en ruinas, aunque hay gente que aún duerme en ellas.
En casi todos lados, la gente se echa mano a la barriga cuando ve a un blanco. Y pregunta por la ayuda: no hay más paredes que las que ofrece la oscuridad ni más protección que la que se ofrecen entre ellos. Con cinco mil presos sueltos desde que quedó destruida la cárcel mayor con el terremoto, no es fácil para la población seguir durmiendo todas las noches.
En Croix-des-Bouquets, el campo de refugiados que las autoridades establecieron, aún no se ha levantado ninguna de las 400.000 carpas que el gobierno haitiano dijo que tenía.
Dinero del FMI
El Fondo Monetario Internacional indicó que su consejo de administración aprobó entregar US$ 114 millones en ayuda de emergencia al país devastado para que pueda "pagar importaciones de primera necesidad sin agotar las reservas", según dijo el director general del Fondo, Dominique Strauss-Kahn, citado en el comunicado que fue difundido ayer.
FUENTE: El País Digital
sábado, 12 de diciembre de 2009
URUGUAY contra el crimen organizado
Fabián Muro
Al acecho
Los juzgados contra el crimen organizado ya están investigando unos 300 casos con un método que incluye agentes infiltrados, protección a testigos y escuchas telefónicas.
A gentes encubiertos. Entregas vigiladas. Escuchas telefónicas. Vigilancia electrónica. La llegada del crimen organizado a Uruguay actualizó la legislación y los métodos de investigación para combatir a grupos que cuentan con muchos recursos y una red de contactos, expertos y asesores en m
uchas disciplinas y en muchos países.
Una de las respuestas ante la expansión de estas bandas fue la creación, este año, de dos juzgados penales especializados en crimen organizado. Los nuevos juzgados están encabezados por los jueces Jorge Díaz y Graciela Gatti y los fiscales Mónica Ferrero y Ricardo Perciballe.
Constituidos en forma provisoria en enero y en funcionamiento desde junio, estos juzgados han tenido que lidiar con casos de alto perfil en los medios de comunicación y que arrojaron "botines de guerra" multimillonarios en dólares.
Los casos más recientes y de mayor exposición mediática estuvieron vinculados a las acciones de narcotraficantes, uno de los varios objetivos de estas nuevas dependencias judiciales.
Uno ocurrió en los primeros días de octubre, cuando la operación Guerreros de los Balcanes derivó en la máxima incautación de cocaína en la historia del país: aproximadamente dos toneladas capturadas en un yate anclado en Santiago Vázquez.
Otro que hubiese estado vinculado a los juzgados pero no lo fue -al ser una derivación de un caso iniciado en 2006- fue la detención del abogado Carlos Curbelo Tammaro y el escribano Lorenzo Daniel D`Angelo Demarco, procesados con prisión por su presunta participación en negocios de narcotráfico y lavado de dinero. Es un típico caso en el que hubieran actuado estos juzgados.
Esas son sólo los dos de las áreas que abarcan los juzgados contra el crimen organizado. El equipo encabezado por los jueces y fiscales también indaga actualmente sobre las denuncias de irregularidades en el Hospital Maciel, la venta de libros escolares a Venezuela y el arsenal descubierto en la casa del abatido economista Saúl Feldman, entre otros casos (ver recuadros).
NECESIDAD. Para cumplir con estos deberes el Poder Legislativo dotó a los juzgados de algunas herramientas considera necesarias para enfrentar a organizaciones expertas no sólo en la actividad directamente delictiva, sino también con alto grado de sofisticación en transacciones financieras y vericuetos jurídicos.
Gatti, al igual que muchos expertos, considera que el país es atractivo para las bandas delictivas organizadas. En una ponencia que realizó para el ámbito académico, la jueza constató que "lamentablemente es un hecho la comisión de delitos de lavado de activos en nuestro país y la actuación en el mismo de grupos delictivos organizados, formados a veces únicamente por personas residentes en el país pero en otros también por extranjeros que encuentran aquí facilidades para el despliegue de sus actividades ilícitas".
Gatti contextualiza el nacimiento de los juzgados verificando una tendencia que sólo ha crecido: "El 30 de octubre de 2005, en el Juzgado Letrado de 1º Instancia de 3º Turno de Ciudad de la Costa, se dictó el primer auto de enjuiciamiento por lavado de activos y desde allí en adelante se han sucedido varios más, al punto que hoy existen en el país 35 por este delito y varias investigaciones en curso, alguno ya con solicitud de enjuiciamiento por parte del Ministerio Público".
Creados por la ley 18.494, los juzgados representan una novedad para el trabajo de los jueces: éstos pasan de un papel reactivo a uno proactivo. El método tradicional investiga a partir del crimen cometido, el nuevo implica un trabajo de investigación previo: se acumula la información y las evidencias necesarias antes de ordenar un procedimiento.
"Es que el sistema reactivo es absolutamente inoperante a la hora de investigar delitos cometidos por organizaciones criminales que no se arman para cometer un delito, sino una serie de delitos reiterados en el tiempo", explica Díaz.
Así, los nuevos procedimientos requieren del juez una actitud que va más allá de juzgar: detectar, vigilar y seguir a la mayor cantidad de personas involucradas. "A veces, para conseguir resultados se deja pasar el menudeo. Se deja que se concrete la `transa` entre el minorista y el cliente para a partir de ahí ir hacia arriba en la estructura", dijo una fuente de Jefatura. Eso en la jerga jurídica es una "entrega vigilada".
Más allá de ese mecanismo de investigación, hay tres medidas exclusivas de los nuevos juzgados.
La primera consagra la figura del agente encubierto, aquel que se infiltra en la organización delictiva para aportar información y pruebas que contribuyan a destruir esa red criminal.
La segunda es que se amplían las medidas para proteger a aquellos que prestan testimonio para desarticular el entramado mafioso. Ya existía un régimen general de protección a testigos a partir de un decreto en 2000 del entonces presidente Jorge Batlle. Pero como explica Gatti, aquel era mucho más limitado. Ahora, esa protección cobra más fuerza.
Algunas de las medidas para proteger a colaboradores está la protección física de esas personas a cargo de la Policía; citaciones de manera reservada, en vehículo oficial y con zona de exclusión para recibirlo; prohibición de fotografías y divulgación de su imagen, tanto por particulares como por medios de comunicación; reubicación y cambio de identidad y asistencia económica en casos de reubicación.
¿Cómo proteger a un testigo o un arrepentido de la vendetta de organizaciones criminales en un país "donde se conocen todos"?
Probablemente sacándolo del país. Díaz señala que existe la posibilidad de acordar con otros Estados para radicar a víctimas, testigos o colaboradores. Gatti, por su parte, afirma que ya se ha pedido protección para testigos, aunque no dice cuántos ni en qué casos.
La tercera potestad exclusiva es la posibilidad de mantener en reserva una investigación más allá de un año. Cualquier juez puede iniciar una investigación y mantener el secreto de la misma siempre y cuando ese proceso no se extienda más allá del año. Luego, el expediente tiene que hacerse público. Díaz y Gatti no tienen esa obligación, pero sí deben entregar un informe por escrito a la Suprema Corte de Justicia si sus indagaciones requieren más de un año de trabajo.
TE ESTAMOS LLAMANDO.
Aunque ordenar la interceptación de conversaciones telefónicas (o cualquier tipo de información que se transmita por vía electrónica) no sean una novedad ni una potestad exclusiva de estos juzgados, sí han adquirido particular relevancia a partir de las investigaciones llevadas a cabo por estos organismos. Las escuchas han contribuido sustancialmente al procesamiento de delincuentes, pero el método provoca preocupación por las posibles intromisiones en la privacidad.
Ante esta inquietud, Gatti señala que a partir de la creación de los juzgados, las escuchas telefónicas están mejor reglamentadas y que eso ofrece mayores garantías individuales. "Ahora está reglamentado qué se hace con las escuchas, quién selecciona el material que se incluirá en la investigación, quién es encargado de custodiar el material -estos juzgados- y se le entrega a la defensa del indagado todas las grabaciones, no sólo las que eligió el magistrado para la causa. Es decir que la defensa puede elegir partes de las grabaciones que sirvan a los intereses de los acusados".
Cuando el abogado Carlos Curbelo Tammaro y el escribano Lorenzo Daniel D`Angelo Demarco fueron procesados porque brindaron asesoramiento que los involucra en el lavado de activos, algunos manifestaron el temor de que las escuchas telefónicas vulneraran el derecho de confidencialidad entre defensores y representados.
"Lo más probable es que el o los profesionales que demostraron esa preocupación no integre el Colegio", dice la presidenta del Colegio de Abogados, Griselda Volonterio. "Defendemos a ultranza el secreto profesional, pero nuestro código de ética impone límites muy estrictos a nuestra conducta profesional". Los abogados tienen la libertad de rechazar la representación si les consta que se pueden involucrar en actividades ilícitas a raíz de su trabajo. "Pero también tenemos la obligación de denunciar un delito. Ateniéndose a nuestro código de ética, no tiene que haber problema alguno", de acuerdo a Volonterio.
La presidenta de la Asociación de Escribanos del Uruguay Sara Castro, por su lado, refiere a la declaración de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado, hecha el 3 de octubre: "Sin perjuicio de comprender la importancia de la colaboración de los escribanos de la República Oriental del Uruguay (...) a la prevención del lavado de activos provenientes de delitos y para el financiamiento del terrorismo, exponemos que la misma se contrapone al principio tradicional del secreto profesional notarial y la lealtad hacia los requerientes, por lo que se propone instar a las instituciones involucradas a seguir trabajando en la armonización de estas normativas".
"No nos oponemos de ninguna manera a esta lucha, pero no estuvimos de acuerdo con esta ley y lo dijimos en su momento", dijo Castro. "Ahora que ya está aprobada queremos contribuir a que su reglamentación contemple nuestros planteos, porque aunque pedimos ser tenidos en cuenta antes de la aprobación de la ley, no fuimos escuchados. Repito: no pedimos excepciones ni tampoco se trata de un reflejo corporativo".
Uno de los puntos sobre los que la Asociación de Escribanos quiere contribuir a precisar son los montos de dinero que se manejan en las operaciones inmobiliarias. Este mercado es uno de los campos preferidos para el lavado de activos. Y aunque Uruguay sea un país pequeño con un mercado inmobiliario acorde a su tamaño, no deja de ser interesante realizar operaciones comerciales en un sector en el cual se manejan, según el empresario inmobiliario Julio Villamide, aproximadamente 3.000 millones de dólares al año.
DUDAS.
Las potestades y el alcance de los juzgados en su trabajo han provocado polémicas entre entendidos en jurídica. Para algunos, el mandato legislativo abre interrogantes sobre la legitimidad de estos juzgados en un Estado de Derecho.
La entrega vigilada pone en entredicho la obligación de las fuerzas policiales de intervenir ante un delito. El abogado penalista Diego Camaño, quien integra la ONG Ielsur y actuó en casos de alto impacto como la defensa de los hermanos Peirano, dice que el mecanismo -que apareció en la Convención de Viena de 1988- "habilita a que funcionarios del Estado observen la comisión de delitos y no sean castigados por no actuar".
Si existen coincidencias sobre la necesidad de nuevas herramientas jurídicas para nuevas formas de delito entre los abogados, para este tema como en todos, suele haber dos bibliotecas. O más.
"Los jueces no deben ser abanderados de la lucha antilavado", opina Camaño, "sino limitarse a aplicar el derecho como cualquier otro juez, para evitar lo que ve como una pérdida de independencia del Poder Judicial frente a otros órganos del Estado". Camaño también recela de que estos mecanismos conviertan "lo ilegal en legal". La pasividad de un agente infiltrado cuando es testigo de delitos, por ejemplo. El abogado señala que pruebas que serían ilegales en circunstancias habituales se convierten en legales en este nuevo marco y pone el ejemplo del agente encubierto: "Que el Estado autorice a un funcionario a que se infiltre en una organización y observe cómo se cometen delitos sin actuar, sería una conducta ilegal que ahora se legaliza bajo la excusa de luchar contra algún fin superior".
Otros reparos tiene el defensor de oficio y docente universitario, Eduardo Pesce, quien ha mantenido discusiones públicas con Díaz desde la concreción de los juzgados. Él ve como peligrosa una "asimilación" de los jueces a los cuadros represivos del Estado. Habla de "policialización" del Poder Judicial. "En vez de juzgar a los delincuentes, pasamos a luchar contra ellos", dijo Pesce. "Y eso no va con mi concepción de Estado de Derecho. Se entronizan procedimientos excepcionales como norma. En tema de drogas, por ejemplo, la tentativa se castiga de la misma manera que el delito consumado, lo que no pasa en otros casos".
Ante estos planteos, Díaz invierte la pregunta: "¿Por qué no se piensa que esto es la judicialización de la Policía? Se parte de la base que algunas facultades son exclusivamente de la Policía y que si las cumple otro, éste se `policializa`. Son funciones que tiene que cumplir el Estado, la Policía o alguien. Y pienso que el ciudadano tiene más garantías si cualquier acción del Estado tiene una orden judicial que si ésta la hace la Policía. Yo le pregunto: si alguien le va a interceptar el teléfono, ¿qué prefiere? ¿Qué lo haga el comisario de su seccional o un juez?".
"Hace muchos años que se intenta reformar el proceso penal, para liberar al juez de la tarea de investigación y pueda dedicarse a juzgar, que es para eso que se formó. Nunca se ha logrado", constata Gatti.
Díaz atribuye motivaciones extrajudiciales tras los planteos críticos hacia los juzgados: "Acá se hacen gárgaras con determinadas cosas y no otras. Acá se aprobó una norma que tipifica los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Esa norma contiene una disposición sobre la valoración de las pruebas que dice que la declaración de la víctima no debe ser corroborada por otros medios. Y yo no escuché a nadie que pusiera el grito en el cielo por eso. Hay cosas que se dicen tras una afirmación doctrinaria y en realidad lo que se quiere decir es algo políticamente correcto".
RIESGOS.
En relación a toda esta actividad sobrevuela un tema que preocupa a los involucrados en la persecución de narcos u otras organizaciones delictivas: la seguridad de aquellos que públicamente llevan adelante las investigaciones como policías, jueces, peritos, funcionarios y profesionales como abogados y escribanos.
Ni Díaz ni Gatti quieren hacer declaraciones acerca de las medidas implementadas para su seguridad, pero no se les escapa que ellos tienen un papel destacado y visible en el combate contra estos grupos. "Nunca nos van a ver con capuchas, porque no se concibe a un juez de un estado democrático con una capucha. Eso es impensable". Díaz se refiere implícitamente a aquellos policías que arrestan a los sospechosos y los llevan ante el juez. Cuando se trata de procedimientos relacionados con el crimen organizado, éstos lucen pasamontañas negros para ocultar su identidad.
Aunque el tema de la seguridad de los involucrados es esquivado en cada una de las charlas sobre este tema, la realidad indica que en particular las organizaciones de narcotraficantes, a menudo cuentan con medios para, en palabras del director de la Brigada Antidrogas, "repeler" las acciones realizadas por las fuerzas policiales.
Aunque en Uruguay aún no se han descubierto organizaciones con un poder de fuego tan importante, la lucha contra el crimen organizado abre frentes de batalla de tenor inédito para la historia del delito en el país. A poco tiempo de instaurados, los nuevos juzgados transitan por un camino en el cual se les pide alcanzar el equilibrio entre las acciones contra organizaciones poderosas y contemplar todas las garantías y derechos que son inherentes a un Estado de Derecho.
No solo de los narcos se vive
Aunque las acciones más espectaculares que involucran a los nuevos juzgados estén relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos, Díaz y Gatti también dirigen investigaciones sobre hechos que no se asocian de manera espontánea con el crimen organizado. Una de las competencias de estos juzgados es la corrupción pública, aunque sólo en los departamentos de Montevideo y Canelones. De ahí que Gatti encabece la investigación en torno a la posible corrupción en el Hospital Maciel, conocido en los medios como el Caso Clanider. También deben encargarse de casos de tráfico de armas, pornografía infantil, defraudación tributaria, trata de personas, explotación sexual, abuso de menores y las disputas comerciales en torno a marcas y propiedad intelectual.
La experiencia acumulada
Luego de casi 15 años de trabajo y con la dirección del inspector Julio Guarteche desde 2000, la Brigada Antidrogas ha acumulado conocimientos sobre la forma de operar de grupos delictivos organizados. Con un edificio autónomo, métodos de investigación propios y frecuentes viajes al exterior para cursos de capacitación, alguno puede pensar que estos agentes son privilegiados. "Los que trabajan aquí tienen que hacer el 222, como tantos otros policías. Ganan lo mismo que los policías que tienen el mismo escalafón, más o menos 10.000 pesos. Y es un trabajo muy arriesgado. Si existe esa envidia, nunca la noté, al contrario", dice Guarteche, que a punto de cumplir su primera década como inspector antidrogas piensa que ya cumplió con su deber.
Las armas del economista
La investigación judicial más polémica de los últimos años, a partir del descubrimiento del arsenal de Saúl Feldman dio lugar para todo tipo de especulaciones y tuvo, según muchos analistas, una importante incidencia en las recientes elecciones. Ese caso está a cargo de los nuevos juzgados, lo que plantea un desafío adicional a la labor de los jueces. Se trata de una investigación que, a diferencia del cometido expreso de los juzgados -emplear métodos proactivos- transita por los carriles de la tradicional investigación reactiva, que a partir del hecho consumado debe dilucidar las interrogantes que hoy siguen sin respuesta.
FUENTE: www.elpais.com.uy
Al acecho
Los juzgados contra el crimen organizado ya están investigando unos 300 casos con un método que incluye agentes infiltrados, protección a testigos y escuchas telefónicas.
A gentes encubiertos. Entregas vigiladas. Escuchas telefónicas. Vigilancia electrónica. La llegada del crimen organizado a Uruguay actualizó la legislación y los métodos de investigación para combatir a grupos que cuentan con muchos recursos y una red de contactos, expertos y asesores en m
uchas disciplinas y en muchos países.Una de las respuestas ante la expansión de estas bandas fue la creación, este año, de dos juzgados penales especializados en crimen organizado. Los nuevos juzgados están encabezados por los jueces Jorge Díaz y Graciela Gatti y los fiscales Mónica Ferrero y Ricardo Perciballe.
Constituidos en forma provisoria en enero y en funcionamiento desde junio, estos juzgados han tenido que lidiar con casos de alto perfil en los medios de comunicación y que arrojaron "botines de guerra" multimillonarios en dólares.
Los casos más recientes y de mayor exposición mediática estuvieron vinculados a las acciones de narcotraficantes, uno de los varios objetivos de estas nuevas dependencias judiciales.
Uno ocurrió en los primeros días de octubre, cuando la operación Guerreros de los Balcanes derivó en la máxima incautación de cocaína en la historia del país: aproximadamente dos toneladas capturadas en un yate anclado en Santiago Vázquez.
Otro que hubiese estado vinculado a los juzgados pero no lo fue -al ser una derivación de un caso iniciado en 2006- fue la detención del abogado Carlos Curbelo Tammaro y el escribano Lorenzo Daniel D`Angelo Demarco, procesados con prisión por su presunta participación en negocios de narcotráfico y lavado de dinero. Es un típico caso en el que hubieran actuado estos juzgados.
Esas son sólo los dos de las áreas que abarcan los juzgados contra el crimen organizado. El equipo encabezado por los jueces y fiscales también indaga actualmente sobre las denuncias de irregularidades en el Hospital Maciel, la venta de libros escolares a Venezuela y el arsenal descubierto en la casa del abatido economista Saúl Feldman, entre otros casos (ver recuadros).
NECESIDAD. Para cumplir con estos deberes el Poder Legislativo dotó a los juzgados de algunas herramientas considera necesarias para enfrentar a organizaciones expertas no sólo en la actividad directamente delictiva, sino también con alto grado de sofisticación en transacciones financieras y vericuetos jurídicos.
Gatti, al igual que muchos expertos, considera que el país es atractivo para las bandas delictivas organizadas. En una ponencia que realizó para el ámbito académico, la jueza constató que "lamentablemente es un hecho la comisión de delitos de lavado de activos en nuestro país y la actuación en el mismo de grupos delictivos organizados, formados a veces únicamente por personas residentes en el país pero en otros también por extranjeros que encuentran aquí facilidades para el despliegue de sus actividades ilícitas".
Gatti contextualiza el nacimiento de los juzgados verificando una tendencia que sólo ha crecido: "El 30 de octubre de 2005, en el Juzgado Letrado de 1º Instancia de 3º Turno de Ciudad de la Costa, se dictó el primer auto de enjuiciamiento por lavado de activos y desde allí en adelante se han sucedido varios más, al punto que hoy existen en el país 35 por este delito y varias investigaciones en curso, alguno ya con solicitud de enjuiciamiento por parte del Ministerio Público".
Creados por la ley 18.494, los juzgados representan una novedad para el trabajo de los jueces: éstos pasan de un papel reactivo a uno proactivo. El método tradicional investiga a partir del crimen cometido, el nuevo implica un trabajo de investigación previo: se acumula la información y las evidencias necesarias antes de ordenar un procedimiento.
"Es que el sistema reactivo es absolutamente inoperante a la hora de investigar delitos cometidos por organizaciones criminales que no se arman para cometer un delito, sino una serie de delitos reiterados en el tiempo", explica Díaz.
Así, los nuevos procedimientos requieren del juez una actitud que va más allá de juzgar: detectar, vigilar y seguir a la mayor cantidad de personas involucradas. "A veces, para conseguir resultados se deja pasar el menudeo. Se deja que se concrete la `transa` entre el minorista y el cliente para a partir de ahí ir hacia arriba en la estructura", dijo una fuente de Jefatura. Eso en la jerga jurídica es una "entrega vigilada".
Más allá de ese mecanismo de investigación, hay tres medidas exclusivas de los nuevos juzgados.
La primera consagra la figura del agente encubierto, aquel que se infiltra en la organización delictiva para aportar información y pruebas que contribuyan a destruir esa red criminal.
La segunda es que se amplían las medidas para proteger a aquellos que prestan testimonio para desarticular el entramado mafioso. Ya existía un régimen general de protección a testigos a partir de un decreto en 2000 del entonces presidente Jorge Batlle. Pero como explica Gatti, aquel era mucho más limitado. Ahora, esa protección cobra más fuerza.
Algunas de las medidas para proteger a colaboradores está la protección física de esas personas a cargo de la Policía; citaciones de manera reservada, en vehículo oficial y con zona de exclusión para recibirlo; prohibición de fotografías y divulgación de su imagen, tanto por particulares como por medios de comunicación; reubicación y cambio de identidad y asistencia económica en casos de reubicación.
¿Cómo proteger a un testigo o un arrepentido de la vendetta de organizaciones criminales en un país "donde se conocen todos"?
Probablemente sacándolo del país. Díaz señala que existe la posibilidad de acordar con otros Estados para radicar a víctimas, testigos o colaboradores. Gatti, por su parte, afirma que ya se ha pedido protección para testigos, aunque no dice cuántos ni en qué casos.
La tercera potestad exclusiva es la posibilidad de mantener en reserva una investigación más allá de un año. Cualquier juez puede iniciar una investigación y mantener el secreto de la misma siempre y cuando ese proceso no se extienda más allá del año. Luego, el expediente tiene que hacerse público. Díaz y Gatti no tienen esa obligación, pero sí deben entregar un informe por escrito a la Suprema Corte de Justicia si sus indagaciones requieren más de un año de trabajo.
TE ESTAMOS LLAMANDO.
Aunque ordenar la interceptación de conversaciones telefónicas (o cualquier tipo de información que se transmita por vía electrónica) no sean una novedad ni una potestad exclusiva de estos juzgados, sí han adquirido particular relevancia a partir de las investigaciones llevadas a cabo por estos organismos. Las escuchas han contribuido sustancialmente al procesamiento de delincuentes, pero el método provoca preocupación por las posibles intromisiones en la privacidad.
Ante esta inquietud, Gatti señala que a partir de la creación de los juzgados, las escuchas telefónicas están mejor reglamentadas y que eso ofrece mayores garantías individuales. "Ahora está reglamentado qué se hace con las escuchas, quién selecciona el material que se incluirá en la investigación, quién es encargado de custodiar el material -estos juzgados- y se le entrega a la defensa del indagado todas las grabaciones, no sólo las que eligió el magistrado para la causa. Es decir que la defensa puede elegir partes de las grabaciones que sirvan a los intereses de los acusados".
Cuando el abogado Carlos Curbelo Tammaro y el escribano Lorenzo Daniel D`Angelo Demarco fueron procesados porque brindaron asesoramiento que los involucra en el lavado de activos, algunos manifestaron el temor de que las escuchas telefónicas vulneraran el derecho de confidencialidad entre defensores y representados.
"Lo más probable es que el o los profesionales que demostraron esa preocupación no integre el Colegio", dice la presidenta del Colegio de Abogados, Griselda Volonterio. "Defendemos a ultranza el secreto profesional, pero nuestro código de ética impone límites muy estrictos a nuestra conducta profesional". Los abogados tienen la libertad de rechazar la representación si les consta que se pueden involucrar en actividades ilícitas a raíz de su trabajo. "Pero también tenemos la obligación de denunciar un delito. Ateniéndose a nuestro código de ética, no tiene que haber problema alguno", de acuerdo a Volonterio.
La presidenta de la Asociación de Escribanos del Uruguay Sara Castro, por su lado, refiere a la declaración de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado, hecha el 3 de octubre: "Sin perjuicio de comprender la importancia de la colaboración de los escribanos de la República Oriental del Uruguay (...) a la prevención del lavado de activos provenientes de delitos y para el financiamiento del terrorismo, exponemos que la misma se contrapone al principio tradicional del secreto profesional notarial y la lealtad hacia los requerientes, por lo que se propone instar a las instituciones involucradas a seguir trabajando en la armonización de estas normativas".
"No nos oponemos de ninguna manera a esta lucha, pero no estuvimos de acuerdo con esta ley y lo dijimos en su momento", dijo Castro. "Ahora que ya está aprobada queremos contribuir a que su reglamentación contemple nuestros planteos, porque aunque pedimos ser tenidos en cuenta antes de la aprobación de la ley, no fuimos escuchados. Repito: no pedimos excepciones ni tampoco se trata de un reflejo corporativo".
Uno de los puntos sobre los que la Asociación de Escribanos quiere contribuir a precisar son los montos de dinero que se manejan en las operaciones inmobiliarias. Este mercado es uno de los campos preferidos para el lavado de activos. Y aunque Uruguay sea un país pequeño con un mercado inmobiliario acorde a su tamaño, no deja de ser interesante realizar operaciones comerciales en un sector en el cual se manejan, según el empresario inmobiliario Julio Villamide, aproximadamente 3.000 millones de dólares al año.
DUDAS.
Las potestades y el alcance de los juzgados en su trabajo han provocado polémicas entre entendidos en jurídica. Para algunos, el mandato legislativo abre interrogantes sobre la legitimidad de estos juzgados en un Estado de Derecho.
La entrega vigilada pone en entredicho la obligación de las fuerzas policiales de intervenir ante un delito. El abogado penalista Diego Camaño, quien integra la ONG Ielsur y actuó en casos de alto impacto como la defensa de los hermanos Peirano, dice que el mecanismo -que apareció en la Convención de Viena de 1988- "habilita a que funcionarios del Estado observen la comisión de delitos y no sean castigados por no actuar".
Si existen coincidencias sobre la necesidad de nuevas herramientas jurídicas para nuevas formas de delito entre los abogados, para este tema como en todos, suele haber dos bibliotecas. O más.
"Los jueces no deben ser abanderados de la lucha antilavado", opina Camaño, "sino limitarse a aplicar el derecho como cualquier otro juez, para evitar lo que ve como una pérdida de independencia del Poder Judicial frente a otros órganos del Estado". Camaño también recela de que estos mecanismos conviertan "lo ilegal en legal". La pasividad de un agente infiltrado cuando es testigo de delitos, por ejemplo. El abogado señala que pruebas que serían ilegales en circunstancias habituales se convierten en legales en este nuevo marco y pone el ejemplo del agente encubierto: "Que el Estado autorice a un funcionario a que se infiltre en una organización y observe cómo se cometen delitos sin actuar, sería una conducta ilegal que ahora se legaliza bajo la excusa de luchar contra algún fin superior".
Otros reparos tiene el defensor de oficio y docente universitario, Eduardo Pesce, quien ha mantenido discusiones públicas con Díaz desde la concreción de los juzgados. Él ve como peligrosa una "asimilación" de los jueces a los cuadros represivos del Estado. Habla de "policialización" del Poder Judicial. "En vez de juzgar a los delincuentes, pasamos a luchar contra ellos", dijo Pesce. "Y eso no va con mi concepción de Estado de Derecho. Se entronizan procedimientos excepcionales como norma. En tema de drogas, por ejemplo, la tentativa se castiga de la misma manera que el delito consumado, lo que no pasa en otros casos".
Ante estos planteos, Díaz invierte la pregunta: "¿Por qué no se piensa que esto es la judicialización de la Policía? Se parte de la base que algunas facultades son exclusivamente de la Policía y que si las cumple otro, éste se `policializa`. Son funciones que tiene que cumplir el Estado, la Policía o alguien. Y pienso que el ciudadano tiene más garantías si cualquier acción del Estado tiene una orden judicial que si ésta la hace la Policía. Yo le pregunto: si alguien le va a interceptar el teléfono, ¿qué prefiere? ¿Qué lo haga el comisario de su seccional o un juez?".
"Hace muchos años que se intenta reformar el proceso penal, para liberar al juez de la tarea de investigación y pueda dedicarse a juzgar, que es para eso que se formó. Nunca se ha logrado", constata Gatti.
Díaz atribuye motivaciones extrajudiciales tras los planteos críticos hacia los juzgados: "Acá se hacen gárgaras con determinadas cosas y no otras. Acá se aprobó una norma que tipifica los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Esa norma contiene una disposición sobre la valoración de las pruebas que dice que la declaración de la víctima no debe ser corroborada por otros medios. Y yo no escuché a nadie que pusiera el grito en el cielo por eso. Hay cosas que se dicen tras una afirmación doctrinaria y en realidad lo que se quiere decir es algo políticamente correcto".
RIESGOS.
En relación a toda esta actividad sobrevuela un tema que preocupa a los involucrados en la persecución de narcos u otras organizaciones delictivas: la seguridad de aquellos que públicamente llevan adelante las investigaciones como policías, jueces, peritos, funcionarios y profesionales como abogados y escribanos.
Ni Díaz ni Gatti quieren hacer declaraciones acerca de las medidas implementadas para su seguridad, pero no se les escapa que ellos tienen un papel destacado y visible en el combate contra estos grupos. "Nunca nos van a ver con capuchas, porque no se concibe a un juez de un estado democrático con una capucha. Eso es impensable". Díaz se refiere implícitamente a aquellos policías que arrestan a los sospechosos y los llevan ante el juez. Cuando se trata de procedimientos relacionados con el crimen organizado, éstos lucen pasamontañas negros para ocultar su identidad.
Aunque el tema de la seguridad de los involucrados es esquivado en cada una de las charlas sobre este tema, la realidad indica que en particular las organizaciones de narcotraficantes, a menudo cuentan con medios para, en palabras del director de la Brigada Antidrogas, "repeler" las acciones realizadas por las fuerzas policiales.
Aunque en Uruguay aún no se han descubierto organizaciones con un poder de fuego tan importante, la lucha contra el crimen organizado abre frentes de batalla de tenor inédito para la historia del delito en el país. A poco tiempo de instaurados, los nuevos juzgados transitan por un camino en el cual se les pide alcanzar el equilibrio entre las acciones contra organizaciones poderosas y contemplar todas las garantías y derechos que son inherentes a un Estado de Derecho.
No solo de los narcos se vive
Aunque las acciones más espectaculares que involucran a los nuevos juzgados estén relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos, Díaz y Gatti también dirigen investigaciones sobre hechos que no se asocian de manera espontánea con el crimen organizado. Una de las competencias de estos juzgados es la corrupción pública, aunque sólo en los departamentos de Montevideo y Canelones. De ahí que Gatti encabece la investigación en torno a la posible corrupción en el Hospital Maciel, conocido en los medios como el Caso Clanider. También deben encargarse de casos de tráfico de armas, pornografía infantil, defraudación tributaria, trata de personas, explotación sexual, abuso de menores y las disputas comerciales en torno a marcas y propiedad intelectual.
La experiencia acumulada
Luego de casi 15 años de trabajo y con la dirección del inspector Julio Guarteche desde 2000, la Brigada Antidrogas ha acumulado conocimientos sobre la forma de operar de grupos delictivos organizados. Con un edificio autónomo, métodos de investigación propios y frecuentes viajes al exterior para cursos de capacitación, alguno puede pensar que estos agentes son privilegiados. "Los que trabajan aquí tienen que hacer el 222, como tantos otros policías. Ganan lo mismo que los policías que tienen el mismo escalafón, más o menos 10.000 pesos. Y es un trabajo muy arriesgado. Si existe esa envidia, nunca la noté, al contrario", dice Guarteche, que a punto de cumplir su primera década como inspector antidrogas piensa que ya cumplió con su deber.
Las armas del economista
La investigación judicial más polémica de los últimos años, a partir del descubrimiento del arsenal de Saúl Feldman dio lugar para todo tipo de especulaciones y tuvo, según muchos analistas, una importante incidencia en las recientes elecciones. Ese caso está a cargo de los nuevos juzgados, lo que plantea un desafío adicional a la labor de los jueces. Se trata de una investigación que, a diferencia del cometido expreso de los juzgados -emplear métodos proactivos- transita por los carriles de la tradicional investigación reactiva, que a partir del hecho consumado debe dilucidar las interrogantes que hoy siguen sin respuesta.
FUENTE: www.elpais.com.uy
viernes, 11 de diciembre de 2009
Hallan granada y una pistola en el Comcar
Se suman a los dos revólveres hallados el martes
G.T.
El ingreso de armas al Comcar no cesa y ayer se halló una granada y una pistola Beretta, con cinco proyectiles.
Fueron encontradas durante una requisa al módulo 3, según confirmaron a El País fuentes del Ministerio del Interior. A pesar de esto las visitas, salvo la del sancionado módulo 4, no se suspendieron y transcurrieron con normalidad. Paralelamente otro recluso falleció ayer en un hospital luego que haber sido apuñalado durante una pelea hace algunas semanas.
El recluso fallecido tenía 23 años y su matador, ya identificado, 18. Con esta suman 21 las muertes violentas ocurridas en cárceles en lo que va del año, en 2008 fueron 11. El martes, una requisa que usó detectores de metales permitió incautar dos armas calibre 32 y 357. La cantidad de armas que circulan dentro del Comcar sorprende a autoridades y a los propios reclusos. El módulo 4, donde el pasado domingo un preso fue muerto de un tiro y dos apuñalados en una reyerta durante el horario de visitas, seguía trancado y sin recibir visitas.
Aún faltan las pericias de Policía Técnica para establecer si alguna de las armas halladas fue la que mató al preso del Modulo 4. En tanto el hallazgo de la granada suma otro elemento más que inquietante ya que por su características podría utilizarse para un potente ataque durante un motín. Las autoridades trabajan para establecer cómo fue su ingreso.
REUNIÓN. Hoy, según indicaron reclusos del modulo 4 a El País, se realizará una reunión entre el comando de Comcar y los delegados de módulos. Uno de los temas principales será el levantamiento de las medidas, para que los presos puedan salir de sus celdas al patio y para que reciban visitas el próximo fin de semana. Las autoridades estaban evaluando el levantamiento de las medidas, según había indicado el director de Cárceles, Horacio Zaugg, a El País. Otro punto que preocupa a los propios reclusos es la existencia de estas armas y la pérdida de códigos carcelarios.
FUENTE: El País Digital
jueves, 10 de diciembre de 2009
Que en desierto de la cárcel Palabra de Dios sea fuerza para recomenzar, alienta Cardenal
ROMA, 08 Dic. 09 / 07:49 pm (ACI)
El Vicario del Papa para la diócesis de Roma, Cardenal Agostino Vallini, alentó a que la Palabra de Dios sea la fuerza para que quienes están en la cárcel puedan "volver a comenzar sus vidas".
Así lo indicó el Purpurado en su homilía de la Misa que presidió en la cárcel de Roma, Regina Coeli, en donde señaló que "todos nosotros llevamos dentro un desierto, luego de la soledad, de la no vida, de nuestros errores, de incomodidad, de sentimientos de odio, de envidia, de aprisionamiento, incluso de muerte. Pero en el desierto de la vida es posible abrir un nuevo camino. También yo he pasado momentos difíciles y mi fuerza siempre ha sido la Palabra de Dios. Que también sea así para vosotros".
Seguidamente el Cardenal Vallini indicó a los reclusos que "se os ha dado la posibilidad de recomenzar, de repensar vuestra vida. No se desalienten, cada uno puede retomar su propia vida".
Con el Vicario ha concelebrado la Misa el capellán de la cárcel Regina Coeli, P. Vittorio Trani, quien labora en el establecimiento penitenciario desde hace 30 años.
El Cardenal dijo luego que este sacerdote "me ha explicado el sentido de la rotonda del Regina Coeli, donde transita un mundo lleno de angustia, dolor, fragilidad, pecado, pero también un mundo en donde ocurre la reconstrucción. Este es un lugar de oración: Regina Coeli no tiene una capilla y por eso los detenidos, el domingo, se encuentran aquí para celebrar y, diría yo, para recomenzar su vida, para tener fe en el nuevo inicio".
El Purpurado resaltó luego que quienes están en libertad también deben ayudar a los reclusos haciendo "crecer el sentido de solidaridad, generando ocasiones para la dignidad de estas personas, por ejemplo, ofreciendo trabajo".
El Cardenal dijo finalmente que la cárcel "es la solución de emergencia a tantos problemas actuales".
FUENTE: www.aciprensa.com/
URUGUAY: Autoridades vigilan situación en Comcar (Centro carcelario)
Un recluso muerto y otro herido fue el saldo de una reyerta en el centro penitenciario. El comisionado parlamentario, Álvaro Garcé, dijo que el problema se originó por las condiciones de “hacinamiento y problemas de relacionamiento” entre los reclusos
Un recluso muerto y otro gravemente herido fue el saldo de un sangriento enfrentamiento en el Comcar este fin de semana. La pela comenzó este domingo en el Módulo 4 y participaron varios de los reclusos.
Un preso fue trasladado de urgencia gravemente herido como consecuencia de un disparo. El hombre falleció en el centro carcelario. Además, otro recluso fue herido en el Módulo 3. Fue asistido y luego derivado al Hospital Maciel, donde se encuentra en observación.
El comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé, dijo a radio Carve que este domingo se restringió la circulación de los internos en el Módulo 4 donde se registraron los incidentes para prevenir incidentes. Según Garcé, este tipo de enfrentamientos “son comunes en esta época del año en donde la conflictividad aumenta”, aunque se mostró preocupado por la forma en que entró el arma de fuego a la cárcel.
Garcé agregó que el enfrentamiento es propio de las condiciones de “hacinamiento y problemas de relacionamiento” entre los reclusos. Además, destacó que para poder garantizar la seguridad de todos los presos será necesario el compromiso de todos los internos. “Aunque se pusiera un policía por sector, la presencia de efectivos no vale de nada si no hay respuesta de los propios internos”, indicó.
Garcé visitará en esta jornada nuevamente el establecimiento carcelario para continuar con la investigación.
FUENTE: (Observa)
Fecha: 07/12/2009 | 12:18 | Montevideo, Uruguay
domingo, 6 de diciembre de 2009
Antes que los marque la mara
Grupo Ceiba: opción frente a las pandillasJAVIER LYONNET, en Guatemala
El micro abandona la avenida y se mete en la intimidad de un barrio humilde por una calle estrecha y en bajada. A las tres cuadras se detiene. Es la frontera entre dos colonias: La Fuente y 15 de Agosto, en la zona 5, escenario de conflictos entre pandillas rivales. Pero es de mañana, y la tensión no se nota. Un corredor de hormigón entra al barrio, un asentamiento consolidado en medio de la ciudad de Guatemala. Allí viven 25.000 personas. Casi todas las casas -enrejadas, sin excepción- tienen electricidad pero muchas obtienen el agua de una canilla colectiva.
A unos 200 metros de la entrada, al lado de la escuela N° 157 Niños de Noruega, está "El Esfuerzo". Inaugurado en mayo, el centro de capacitación y recreación para niños, jóvenes y hasta abuelas tiene una salita con juegos y libros y un salón con 20 computadoras. Frente a los monitores, niños y niñas de todas las edades. Casi ninguno llega a apoyar los pies en el suelo. Algunos son hermanos de pandilleros; muchos son hijos de madres adolescentes; varios tienen familiares presos. Para casi todos, el horizonte inmediato es de privaciones, exclusión y violencia. Es la primera generación de la colonia que tiene computadoras gratis, y "seños" (maestras) que los atiendan.
¿De dónde salen esas computadoras? En el taller del Grupo Ceiba, decenas de estudiantes arman y desarman torres de PC. Instructores y alumnos no se diferencian demasiado: tienen entre 15 y 20 años y usan túnicas azules. "Esta es la universidad de la calle", explica Raúl Farfán, coordinador del programa cooperativo del Grupo Ceiba: "el objetivo es la capacitación educativa y laboral para jóvenes con alto riesgo de marginalización". "Todos viven en situación vulnerable, de pobreza, en hogares desintegrados con padres ausentes; en menor porcentaje vienen ex pandilleros", explica. El riesgo mayor -lo que se busca evitar- es que se conviertan en mareros: miembros de pandillas.
"La colonia en la que vivo es una zona roja, pero ya yo estoy acostumbrado", cuenta Carlos, que tiene 19 años pero parece de 15 y es coordinador en los cursos de informática del Grupo Ceiba. Un joven de su edad con el brazo tatuado le entrega a Carlos su tarjeta de asistencia: es uno de los supervisores del "911 informático", un call center bilingüe de consultas técnicas para usuarios de computadoras.
Carné de pandilla. Las maras reclutan miembros entre adolescentes marginales de las "colonias" guatemaltecas y una de las principales preocupaciones es que apuntan cada vez más abajo, de los 12, 13 y 14 años han bajado hasta 10 y 11 la edad de ingreso. A menudo usan crueles métodos extorsivos, como amenazar a los niños de matar a sus familiares si no colaboran. Se inician con pequeños robos, transas de drogas y "esquineando": vigilando y protegiendo la zona.
Las maras nacieron entre centroamericanos residentes en California, en el sur de Los Angeles en los años 70. Fueron exportadas a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, generalmente a través de la deportación de líderes desde Estados Unidos. Casi todas las maras derivan de los tres principales: la Salvatrucha, la 18 y los "breikeros". Los jefes locales de las "clickas" o células manejan unos 40 individuos. Se dedican a los robos, tráfico de drogas y de personas. Extorsionan y cobran peaje a individuos, familias, comercios, empresas y muy especialmente compañías de ómnibus.
Los tatuajes son un rasgo de pertenencia muy fuerte, incluso a quienes se permite salir de la organización (los "calmados") se ve con muy malos ojos que se borren las inscripciones marcadas con tinta en su cuerpo. Los tatuajes relatan la historia y los crímenes personales: sobre todo las vidas cobradas a la banda rival.
Desde 1989 el Grupo Ceiba capacitó gratis a miles de niños y jóvenes, formó una cooperativa pionera, consiguió empleo a más de 900 muchachos, fundó 16 talleres y la "universidad de la calle". Una premiada alternativa a la violencia que ha sido exportada a Colombia y México.
Guatemala es el tercer país más violento de América. Los crímenes crecieron más del 120%: de 2.655 homicidios en 1999 a 5.885 en 2008. La tasa es de 47 cada 100.000 habitantes (población: 13 millones) y 108 en la capital. En agosto de este año hubo 637 asesinatos (en Uruguay hay unos 20 por mes). El 51% de la población vive bajo la línea de pobreza. Según las Naciones Unidas, en 2008 la violencia supuso una pérdida equivalente al 7,3% del PIB del país: son US$ 2,386 millones.
FUENTE: www.elpaís.com.uy
miércoles, 25 de noviembre de 2009
Feldman: la Policía descarta vínculo con narcos
Investigadores creen identificar a compañeros de viajesLa Policía descartó cualquier vínculo del economista Saúl Feldman con traficantes de drogas brasileños o argentinos, lo cual derivó en que el director de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), Julio Guarteche dejara de participar en el equipo multidisciplinario de investigadores creado por el juez penal Jorge Díaz.
Efectivos de la Brigada Antidrogas realizaron un relevamiento de los últimos contactos telefónicos de Feldman y ninguno de ellos mostró que éste tuviera algún vínculo con traficantes brasileños, como se especuló en un primer momento, dijeron a El País fuentes de la investigación.
La aparición del arsenal en la calle Elba el sábado 31 de octubre hizo presumir a los investigadores que estaban ante un caso de tráfico de armas para el narcotráfico. Esa hipótesis ya ha quedado descartada.
En el arsenal de Feldman habían 704 armas. Pistolas, fusiles de asalto, granadas antitanques, 200 kilos de pólvora y 110.000 municiones.
Pese a que se encontraron algunos rifles de asalto modernos, muchas de las armas eran antiguas y databan de varias décadas.
Ese dato permitió suponer a los investigadores que era improbable que las armas tuvieran como destinos las fave- las de los estados brasileños de Río Grande del Sur o San Pablo, porque los narcos acostumbran comprar armas de última generación y de gran poder de fuego. Además, los traficantes suelen tener pocas armas stockeadas para no perder dinero.
Viajes. En tanto, fuentes policiales indicaron que la Policía ya logró identificar a los acompañantes que viajaron con Feldman a Argentina.
El economista tenía una enfermedad terminal y acostumbraba viajar a atenderse a ese país. Sin embargo, los policías tienen la hipótesis que Feldman adquiría armas robadas en Argentina.
En esta jornada declararán ante la Justicia parientes de Feldman, vinculados a él por una barraca a la que el economista le hacía la gestoría ante la Dirección General Impositiva (DGI), según la información que ese organismo aportó al Juzgado Especializado en crimen organizado.
Tras estos testimonios, Díaz y el fiscal del caso, Ricardo Perciballe, evaluarán la información recabada y decidirán có-mo seguir la investigación.
La Dirección de Inteligencia de la Policía sigue trabajando en las agendas de Feldman, que hasta el momento no aportaron información relevante.
FUENTE: El País Digital
lunes, 16 de noviembre de 2009
URUGUAY: Cárcel de Las Rosas: piden procesamiento de policías
Centros. Crece tensión por el hacinamiento de los reclusos
M. GALLARDO / E. BARRENECHE
El fiscal de Maldonado, Luis Pacheco, pidió el procesamiento con prisión de efectivos policiales por la muerte de dos reclusos de la cárcel de Las Rosas. Aumenta el clima de tensión por el hacinamiento y el consumo de pasta base.
Durante un motín ocurrido el 21 de octubre de este año, los internos José Garracini y Horacio Julián Dutra fallecieron por varios disparos.
Según una pericia balística efectuada por la Dirección de Policía Técnica, las balas provinieron de armas reglamentarias de la guardia de la cárcel de Las Rosas.
El fiscal Pacheco pidió el enjuiciamiento de varios funcionarios policiales, pero no se conoce la cantidad de efectivos involucrados en el pedido. Tampoco se sabe si la petición también abarca a los reclusos con responsabilidad en la refriega.
El expediente fue elevado ayer al juez penal de 4° Turno de Maldonado, Gabriel Ohanian, quien se expedirá sobre el pedido de procesamiento y prisión el lunes 16 cuando los involucrados y sus abogados defensores sean notificados de la vista fiscal y del pronunciamiento del propio magistrado.
El 29 de octubre pasado, policías y familiares de los efectivos que trabajan en la cárcel marcharon por las calles del centro de Maldonado en protesta por la investigación judicial realizada a los guardias.
El presidente del sindicato policial, Carlos Benítez, indicó que el motín en la cárcel era algo "previsible" y estimó que son las autoridades de la Jefatura fernandina quienes deberían dar la cara por los hechos. "Los guardias de Las Rosas estaban en inferioridad numérica y sin municiones de goma ni equipamiento adecuado para detener una fuga masiva", advirtió.
Los problemas no cesaron en Las Rosas. El miércoles 11 ocurrió una segunda revuelta en esa cárcel. El incidente comenzó con una reyerta entre reclusos de los sectores 8 y 9, que incluyó un boquete para pasar de un sector a otro y terminó con tres heridos y un recluso procesado.
Al día siguiente, los jueces penales de Maldonado, Adriana Graziuso y Ohanian, informaron a la Jefatura de Policía que no concurrirán a la próxima visita cuatrimestral de presos porque no existen mínimas condiciones de seguridad en Las Rosas.
PASTA BASE.
Tanto el comisionado parlamentario Álvaro Garcé como mandos medios de la Dirección de Cárceles alertaron que crece el clima de violencia dentro de los establecimientos penales del país.
"Hay una tendencia general a la repetición de episodios de violencia" en los establecimientos penitenciarios, afirmó Garcé a El País.
El jueves 29 y el viernes 30, dos reclusos murieron en enfrentamientos con "cortes" en los módulos 3 y 5 del Comcar. Uno de los enfrentamientos fue filmado y trasmitido por un canal de televisión.N de R ver artículo: "Homicidio filmado por las cámaras del COMCAR"
Según Garcé, ese tipo de incidentes entre reclusos "no es algo nuevo, original. Es algo que ocurre muy a menudo en las cárceles uruguayas".
A su juicio, los factores que promueven la violencia intracarcelaria es un "combo" conformado por el elevado consumo de pasta base, ocio, debilidades en la seguridad y el hacinamiento.
El martes 3, Garcé informó al Parlamento que "día a día, miles de jóvenes encarcelados consumen pasta base y otras drogas, en una carrera destructiva que, además de afectar su salud y su propia dignidad como personas, compromete seriamente las posibilidades de una futura reinserción social".
Para Garcé, la pasta base significa "una amenaza" y "una hipoteca" de la seguridad de las cárceles uruguayas tanto a corto como a mediano plazo. "A corto plazo, ese consumo de drogas afecta la interna día a día. Y a mediano plazo repercutirá afuera del penal cuando el recluso quede en libertad", explicó el ombudsman carcelario.
Según Garcé, la mayor parte de los incidentes ocurridos dentro de las cárceles tiene a la droga como un "trasfondo común", pese a que comienzan con situaciones ocasionales.
En celdas para una persona, por ejemplo, están alojados siete reclusos. Por las noches, dos guardias desarmados custodian a 500 o 600 reclusos de un solo módulo, sabiendo que muchos de los encarcelados poseen "cortes" carcelarios, agregaron.
Además saben que el apoyo de sus compañeros no está cerca. A varias decenas de metros de los módulos, en el Portón 22, se encuentran cuatro o cinco policías con armas. A veces, cuando hay personal suficiente, hay otras dos garitas con agentes armados. Es decir, los cinco módulos que estaban debajo del Portón 22 -los más conflictivos y que nuclean a unos 2.000 internos- cuentan en algunas noches con unos 15 guardias, señalaron las fuentes policiales.
CORTES.
Las fuentes policiales indicaron que todas las semanas hay operativos de requisa donde se incautan unos 100 cuchillos artesanales.
Una situación similar ocurre con la droga. Las incautaciones también son casi diarias tanto a los familiares como dentro de los módulos, dijeron las fuentes. Los guardias no escapan del control. En lo que va del año, varios policías fueron atrapados por la Dirección Nacional de Inteligencia Penitenciaria por vender estupefacientes a los internos.
El comisionado Garcé tiene una opinión similar a la de los policías del Comcar. "Son pocos los casos de abstinencias de los presos. Eso pone en evidencia que existe el consumo dentro de las cárceles", advirtió en el Parlamento.
Hay amenazas a los familiares por drogas
"Lo que se consume adentro de las cárceles, se paga afuera". Esa es una antigua máxima de los presos, según afirmó el comisionado parlamentario Álvaro Garcé. Agregó que el consumo de drogas por parte de los reclusos genera enfrentamientos internos por deudas y amenazas a los familiares. "Esas amenazas son bastantes frecuentes. Recibo varias decenas de ellas por año. En un solo día atendí a tres familiares distintos por el mismo problema", dijo Garcé a El País.
Mediante llamadas telefónicas, los familiares son intimados a pagar por las drogas consumidas dentro de las cárceles o, en caso contrario, los presos deudores pagarían las consecuencias.
Tras recibir las denuncias, Garcé las trasmite al Ministerio del Interior para que otorgue protección a los reclusos, cuyas familias no pagaron las drogas.
FUENTE: El País Digital
El 29 de octubre pasado, policías y familiares de los efectivos que trabajan en la cárcel marcharon por las calles del centro de Maldonado en protesta por la investigación judicial realizada a los guardias.
El presidente del sindicato policial, Carlos Benítez, indicó que el motín en la cárcel era algo "previsible" y estimó que son las autoridades de la Jefatura fernandina quienes deberían dar la cara por los hechos. "Los guardias de Las Rosas estaban en inferioridad numérica y sin municiones de goma ni equipamiento adecuado para detener una fuga masiva", advirtió.
Los problemas no cesaron en Las Rosas. El miércoles 11 ocurrió una segunda revuelta en esa cárcel. El incidente comenzó con una reyerta entre reclusos de los sectores 8 y 9, que incluyó un boquete para pasar de un sector a otro y terminó con tres heridos y un recluso procesado.
Al día siguiente, los jueces penales de Maldonado, Adriana Graziuso y Ohanian, informaron a la Jefatura de Policía que no concurrirán a la próxima visita cuatrimestral de presos porque no existen mínimas condiciones de seguridad en Las Rosas.
PASTA BASE.
Tanto el comisionado parlamentario Álvaro Garcé como mandos medios de la Dirección de Cárceles alertaron que crece el clima de violencia dentro de los establecimientos penales del país.
"Hay una tendencia general a la repetición de episodios de violencia" en los establecimientos penitenciarios, afirmó Garcé a El País.
El jueves 29 y el viernes 30, dos reclusos murieron en enfrentamientos con "cortes" en los módulos 3 y 5 del Comcar. Uno de los enfrentamientos fue filmado y trasmitido por un canal de televisión.N de R ver artículo: "Homicidio filmado por las cámaras del COMCAR"
Según Garcé, ese tipo de incidentes entre reclusos "no es algo nuevo, original. Es algo que ocurre muy a menudo en las cárceles uruguayas".
A su juicio, los factores que promueven la violencia intracarcelaria es un "combo" conformado por el elevado consumo de pasta base, ocio, debilidades en la seguridad y el hacinamiento.
El martes 3, Garcé informó al Parlamento que "día a día, miles de jóvenes encarcelados consumen pasta base y otras drogas, en una carrera destructiva que, además de afectar su salud y su propia dignidad como personas, compromete seriamente las posibilidades de una futura reinserción social".
Para Garcé, la pasta base significa "una amenaza" y "una hipoteca" de la seguridad de las cárceles uruguayas tanto a corto como a mediano plazo. "A corto plazo, ese consumo de drogas afecta la interna día a día. Y a mediano plazo repercutirá afuera del penal cuando el recluso quede en libertad", explicó el ombudsman carcelario.
Según Garcé, la mayor parte de los incidentes ocurridos dentro de las cárceles tiene a la droga como un "trasfondo común", pese a que comienzan con situaciones ocasionales.
Mandos medios policiales coincidieron con Garcé al afirmar que el hacinamiento y el consumo de pasta base transforman, por ejemplo, al Comcar en una bomba de tiempo.
En celdas para una persona, por ejemplo, están alojados siete reclusos. Por las noches, dos guardias desarmados custodian a 500 o 600 reclusos de un solo módulo, sabiendo que muchos de los encarcelados poseen "cortes" carcelarios, agregaron.
Además saben que el apoyo de sus compañeros no está cerca. A varias decenas de metros de los módulos, en el Portón 22, se encuentran cuatro o cinco policías con armas. A veces, cuando hay personal suficiente, hay otras dos garitas con agentes armados. Es decir, los cinco módulos que estaban debajo del Portón 22 -los más conflictivos y que nuclean a unos 2.000 internos- cuentan en algunas noches con unos 15 guardias, señalaron las fuentes policiales.
CORTES.
Las fuentes policiales indicaron que todas las semanas hay operativos de requisa donde se incautan unos 100 cuchillos artesanales.
Una situación similar ocurre con la droga. Las incautaciones también son casi diarias tanto a los familiares como dentro de los módulos, dijeron las fuentes. Los guardias no escapan del control. En lo que va del año, varios policías fueron atrapados por la Dirección Nacional de Inteligencia Penitenciaria por vender estupefacientes a los internos.
El comisionado Garcé tiene una opinión similar a la de los policías del Comcar. "Son pocos los casos de abstinencias de los presos. Eso pone en evidencia que existe el consumo dentro de las cárceles", advirtió en el Parlamento.
Hay amenazas a los familiares por drogas
"Lo que se consume adentro de las cárceles, se paga afuera". Esa es una antigua máxima de los presos, según afirmó el comisionado parlamentario Álvaro Garcé. Agregó que el consumo de drogas por parte de los reclusos genera enfrentamientos internos por deudas y amenazas a los familiares. "Esas amenazas son bastantes frecuentes. Recibo varias decenas de ellas por año. En un solo día atendí a tres familiares distintos por el mismo problema", dijo Garcé a El País.
Mediante llamadas telefónicas, los familiares son intimados a pagar por las drogas consumidas dentro de las cárceles o, en caso contrario, los presos deudores pagarían las consecuencias.
Tras recibir las denuncias, Garcé las trasmite al Ministerio del Interior para que otorgue protección a los reclusos, cuyas familias no pagaron las drogas.
miércoles, 11 de noviembre de 2009
Parte oficial revela falta de equipos de los policías
Clave. Fueron a buscar a Feldman con handys y armas cortas
EDUARDO BARRENECHE
Un parte policial, divulgado ayer en el Parlamento por el diputado Jaime Trobo, prueba que el grupo de Inteligencia Policial que fue a buscar a Saúl Feldman a Shangrilá no contaba con equipos para enfrentar a una persona peligrosa.
El domingo 1°, un grupo de Inteligencia Policial concurrió a la casa de Feldman en el balneario Shangrilá. Los policías ubicaron a Feldman y este le disparó en el pecho al agente Mario Morena, quien falleció poco después. Feldman se atrincheró durante varias
horas hasta que murió en un enfrentamiento con las fuerzas de choq
ue.El parte, al que tuvo acceso El País, informa que los policías llevaban esposas, armas de reglamento y handys para comunicarse. Carecían de chalecos antibalas como lo denunció el sindicato policial. Los policías también señalaron que el operativo fue ordenado por un subcomisario de Inteligencia y por el comisario de la Seccional 12° de Montevideo.
Durante la interpelación de ayer, los diputados blancos Gustavo Borsari y Jaime Trobo cuestionaron el operativo realizado en Shangrilá por el equipo de Inteligencia Policial que terminó en la muerte de Morena.
"Nadie sabe quién ordenó a estos tres policías -un sargento y dos agentes- ir a Shangrilá a hacer un operativo cuando se había constatado la existencia de un arsenal de US$ 1,2 millones, con armas de grueso calibre y poder de fuego", afirmó Borsari. El legislador interpelante se preguntó: "¿Quién fue el que dio la orden y los mandó a la guerra con un alfiler y resultó un policía muerto y varios heridos? No lo sabemos; hasta el día de hoy, la Dirección Nacional de Información e Inteligencia no nos ha sabido decir quién dio la orden", agregó.
Por su parte, Trobo preguntó al director de Inteligencia Policial, José Enrique Chabat, si habían llamado a Feldman para informarle que un equipo lo iba visitar.
Chabat respondió que el personal de Inteligencia fue a Shangrilá a constatar la ubicación de la vivienda y el auto de Feldman. "No tengo conocimiento de que hubo una supuesta llamada", agregó.
Chabat respondió que el personal de Inteligencia fue a Shangrilá a constatar la ubicación de la vivienda y el auto de Feldman. "No tengo conocimiento de que hubo una supuesta llamada", agregó.
El ministro del Interior, Jorge Bruni, se comprometió a investigar a fondo la muerte del policía durante el operativo: "No es solamente el porqué de la muerte, si fue un error. Hay que investigar todo el procedimiento", afirmó.
EL PARTE.
Durante la interpelación, Trobo mostró documentos policiales que probaban que los integrantes del equipo de Inteligencia Policial que concurrieron a Shangrilá no estaban equipados como para enfrentar una reacción de Feldman.
La lectura del parte policial por parte de Trobo generó malestar al ministro Bruni, quien consideró que se trataba de documentos que estaban bajo el secreto del presumario judicial.
En el parte policial, una funcionaria de la Seccional 12° señaló que, en la mañana del domingo 1°, concurrió a la casa de la calle Elba -donde se encontró un arsenal el sábado 31 tras un incendio- a buscar algún dato para "seguir trabajando". Ya en la casa de Aires Puros, la agente halló en un almanaque en la cocina un número de teléfono. El número pertenecía a un constructor que había sido contactado por Feldman para edificar un galpón en la casa. A su vez, el constructor le pasó a la policía otro dato: el número de una veterinaria ubicada en la Ciudad de la Costa.
La funcionaria policial y otros compañeros de la Seccional 12° confirmaron que Feldman era cliente de la veterinaria y así ubicaron el teléfono de Feldman en Shangrilá.
Según el documento, un oficial de la Seccional 12° se comunicó con Feldman y éste le aportó su dirección en el balneario, su documento de identidad y el número de su celular.
Durante la comunicación, el oficial le trasmitió a Feldman que "una finca que él alquilaba (en la calle Elba) se había incendiado", según narró en el parte policial la funcionaria de la Seccional 12°.
Posteriormente, el comisario de esa seccional ordenó a la funcionaria que concurriera a Shangrilá junto con un equipo de Inteligencia a "corroborar los datos que (Feldman) proporcionó vía telefónica".
Acompañada por Morena y un sargento de Inteligencia, la funcionaria de la Seccional 12° se subió a una camioneta blanca con vidrios ahumados y partieron hacia la costa canaria.
En el camino se entrevistaron con la propietaria de la veterinaria, quien les orientó sobre el domicilio de Feldman. Sin embargo, el equipo policial debió preguntar a varias personas más hasta llegar a la finca.
Según el parte, el auto Volkswagen Gol, de color dorado, perteneciente a Feldman se encontraba afuera. "Al mirar hacia la casa pudimos observar que en el jardín, entre la finca y la reja, se encontraba una persona de sexo masculino (Feldman) con varios perros chicos", señaló la agente.
El sargento de Inteligencia estacionó la camioneta. Los tres policías descendieron. Como el ruido provocado por los perros no les permitía escucharlos, el sargento y Morena cruzaron el portón. Enseguida el sargento mostró a Feldman su identificación policial.
La lectura del parte policial por parte de Trobo generó malestar al ministro Bruni, quien consideró que se trataba de documentos que estaban bajo el secreto del presumario judicial.
En el parte policial, una funcionaria de la Seccional 12° señaló que, en la mañana del domingo 1°, concurrió a la casa de la calle Elba -donde se encontró un arsenal el sábado 31 tras un incendio- a buscar algún dato para "seguir trabajando". Ya en la casa de Aires Puros, la agente halló en un almanaque en la cocina un número de teléfono. El número pertenecía a un constructor que había sido contactado por Feldman para edificar un galpón en la casa. A su vez, el constructor le pasó a la policía otro dato: el número de una veterinaria ubicada en la Ciudad de la Costa.
La funcionaria policial y otros compañeros de la Seccional 12° confirmaron que Feldman era cliente de la veterinaria y así ubicaron el teléfono de Feldman en Shangrilá.
Según el documento, un oficial de la Seccional 12° se comunicó con Feldman y éste le aportó su dirección en el balneario, su documento de identidad y el número de su celular.
Durante la comunicación, el oficial le trasmitió a Feldman que "una finca que él alquilaba (en la calle Elba) se había incendiado", según narró en el parte policial la funcionaria de la Seccional 12°.
Posteriormente, el comisario de esa seccional ordenó a la funcionaria que concurriera a Shangrilá junto con un equipo de Inteligencia a "corroborar los datos que (Feldman) proporcionó vía telefónica".
Acompañada por Morena y un sargento de Inteligencia, la funcionaria de la Seccional 12° se subió a una camioneta blanca con vidrios ahumados y partieron hacia la costa canaria.
En el camino se entrevistaron con la propietaria de la veterinaria, quien les orientó sobre el domicilio de Feldman. Sin embargo, el equipo policial debió preguntar a varias personas más hasta llegar a la finca.
Según el parte, el auto Volkswagen Gol, de color dorado, perteneciente a Feldman se encontraba afuera. "Al mirar hacia la casa pudimos observar que en el jardín, entre la finca y la reja, se encontraba una persona de sexo masculino (Feldman) con varios perros chicos", señaló la agente.
El sargento de Inteligencia estacionó la camioneta. Los tres policías descendieron. Como el ruido provocado por los perros no les permitía escucharlos, el sargento y Morena cruzaron el portón. Enseguida el sargento mostró a Feldman su identificación policial.
Se
gún el parte, Feldman les dijo que ya había hablado con la Seccional 12° y que iría para allá. Los policías le trasmitieron que lo aguardarían.Feldman ingresó a la vivienda. Los funcionarios pensaron que éste había ido a buscar sus documentos o alguna llave. En ese momento escucharon una fuerte detonación. Morena se tomó el pecho con las dos manos y dijo: "me dieron". Luego cayó al suelo.
Los informes de la policía
Jefe del operativo GEO: "Intentamos hablarle para sacarlo vivo de la casa, pero nunca respondió"
El teniente 1° Alfredo Clavijo, estuvo a cargo del Grupo GEO en
el operativo de Shangrilá. Contó en el Parlamento que cuando llegaron al lugar "estaba presente el juez Díaz. Primero se usaron granadas de estruendo no letales, sólo para aturdirlo. Recibí del mayor Walter Britos, jefe de la Guardia Metropolitana, la orden de planificar el asalto al amanecer del domingo 1°. Traté de sacar con vida a Feldman y no tener más bajas. Colocamos dos brechas, una en la puerta principal y otra al costado de la casa, en la pared del dormitorio. Al ingresar por la puerta principal dando la voz de `Alto! Policía!`, hubo silencio y por eso se temió que hiciera volar todo con los explosivos. Controlamos las habitaciones y al llegar al dormitorio estaba parapetado entre la cama y un ropero, en un punto ciego. Cuando el primer policía trató de ingresar con `estaca` (otros policías a su espalda en fila india), con casco y escudo, no hubo respuesta. Disparó y hubo intercambio. Entonces, hirió al policía en la pierna, que cayó y la `estaca` se paró. El segundo policía de la fila fue herido también en una pierna. Ahí ordené no ingresar más a ese cuarto por falta de visión a causa del humo. Dí la orden de destruir la persiana del cuarto. Hubo intercambio de disparos. Tratamos de dialogar pero nunca respondió. Cuando se fue el humo, se lo vio con máscara y un arma. Él disparó pero no se determinó si los disparos nuestros fueron de muerte o no".Director de Inteligencia policial: "Él no destruyó archivos ni agendas telefónicas antes de morir"
El titular de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), inspector José Enrique Chabat, explicó ante los miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo qué actuaciones ha venido cumpliendo la oficina que conduce en los últimos días a raíz del caso Feldman. Con las reservas del caso, Chabat explicó que "la valoración en dinero que se hace de las armas está muy lejos de lo que dijo el diputado Borsari". Una de las primeras diligencias que encaminaron los hombres de la DNII fue sobre quien instaló la reja de la casa de la calle Elba. "No se pudo ubicar al herrero que colocó la reja en Aires Puros. Pero, en cambio, logramos hablar con vecinos, también con gente del Club de Tiro que lo conocía desde hacía 30 años, pero sin resultados positivos. Hicimos un relevamiento de los vecinos de Shangrilá, incluso de quien tenía la llave de
su casa. Se trabaja en estos momentos con las agendas que no destruyó y con las llamadas telefónicas que hizo y recibió. Al contrario de lo que se dijo, Feldman no quemó archivos antes de morir en Shangrilá. Se habló con profesores de Don Bosco, a donde había concurrido durante muchos años. Estamos indagando cuál fue su manejo económico, a quién testó bienes y explorando las pistas sobre el oro. Se estableció que no vivió con nadie nunca. Según todos los entrevistados, era poco afable. Un 30% de las armas que tenía en las casas está oxidada".FUENTE: El País Digital
INTERPELACIÓN A MINISTROS DEL INTERIOR Y DEFENSA POR CASO FELDMAN
Faltan pruebas y sobran hipótesis
Caso Feldman. Ministro Bruni dijo que el economista no actuó solo; FA duro con blancos
DANIEL ISGLEAS
De tratarse de una partida de ajedrez, el resultado sería tablas: no se presentaron pruebas de que hubiera una organización política o terrorista detrás del arsenal, como tampoco el gobierno aclaró varias interrogantes del caso Feldman.
A pesar de que la interpelación del diputado nacionalista Gustavo Borsari a los ministros del Interior, Jorge Bruni, y de Defensa, Gonzalo Fernández, no echó mayor luz sobre el enigmático caso del economista Saúl Feldman, el titular de Interior dejó ver una coincidencia con el interpelante: Feldman "no pudo actuar solo" para acumular semejante arsenal, razón por la cual el ministro admitió en la interpelación que el economista formó parte de "una organización" que el avance de la investigación oficial determinará de qué tipo es.
Sin otros elementos concluyentes de parte de Borsari, que no aportó pruebas concretas sino "indicios" para respaldar sus acusaciones, la instancia legislativa a la que se presentaron los ministros acompañados por una amplia gama de asesores militares y policiales, terminó en una declaración de respaldo político a Bruni y Fernández y de fuerte cuestionamiento al Partido Nacional.
USO POLÍTICO.
Diez días después del hallazgo de un arsenal de 700 armas, más explosivos y pólvora en dos fincas de Feldman, el gobierno no descarta hipótesis alguna. La comparecencia de los jerarcas ante el Parlamento -valorada por Bruni como "apresurada" dado el estado incipiente de la investigación judicial y policial- dejó numerosos puntos oscuros: para qué reunió ese arsenal, si fue a pedido de alguna organización política o una célula terrorista; si el incendio ocurrido en su casa en Aires Puros el sábado 31 de octubre fue intencional; qué vínculo tenía Feldman con la ex tupamara Sonia Grisel Veneri; si Feldman se suicidó o fue muerto por el Grupo GEO; qué le pidió el presidente Tabaré Vázquez al ministro del Interior; si el operativo policial en Shangrilá se hizo bien o no; si el acusado tenía cuentas bancarias a su favor, o si, en realidad, la literatura marxista que dejó en su casa no sería un elemento para despistar a los investigadores sobre sus verdaderos propósitos, tal como sugirió Fernández.
Bruni no descarta que se trate de un grupo terrorista. Pero aclaró que todas son hipótesis aún no confirmadas.
En respaldo de la actitud de los ministros, la bancada del Frente Amplio aprobó una declaración estableciendo la "inconveniencia" del llamado a sala y su vinculación con la campaña por el balotaje. Dijeron, así, que el Partido Nacional articuló una "campaña mediática" como parte de una "operación política" para "acusar sin pruebas" y con el "triste" fin de conquistar "algunos votos".
SUICIDIO.
El ministro se arriesgó a afirmar, además, que "técnicamente" Feldman se suicidó. Indicó que según los datos preliminares de la autopsia el cuerpo recibió entre ocho y nueve disparos.
En su intervención inicial, el diputado Borsari sostuvo que en el país hay una situación de alarma pública a raíz de este caso, y señaló dos hipótesis: el tráfico de armas y la vinculación con una organización de ultraizquierda local. Pero finalmente y en base a los indicios que aportó, se inclinó por esta última posibilidad.
Sostuvo fuertes críticas al procedimiento policial, y dijo que la caída del agente Mario Morena fue "una muerte evitable" porque ocurrió a causa de "errores de procedimiento en el operativo" (ver nota en página A7). El operativo fue "ineficiente e incoherente, deficiente", remarcó el legislador, que sugirió que pudo haber "omisión y negligencia" de los responsables. Esta es una de las líneas de investigación de Interior.
A continuación, Borsari hizo 79 preguntas, muchas de las cuales fueron respondidas por los ministros, aunque otras no por la reserva presumarial y operativa señaladas.
Borsari sostuvo un enfrentamiento con el subsecretario de Interior, Ricardo Bernal, cuando el jerarca salió en defensa del director de Inteligencia, José Enrique Chabat. "Lo que dijo son cosas huecas, lamentables. Debería guardar mayor respeto al Parlamento", dijo Borsari luego de escuchar al policía explicar detalles del procedimiento en Shangrilá.
Bernal, molesto, respondió al legislador que "le ha faltado el respeto a un oficial de policía y eso no se lo voy a permitir. Hizo abuso de las inmunidades que le da el cargo".
En su intervención inicial, el diputado Borsari sostuvo que en el país hay una situación de alarma pública a raíz de este caso, y señaló dos hipótesis: el tráfico de armas y la vinculación con una organización de ultraizquierda local. Pero finalmente y en base a los indicios que aportó, se inclinó por esta última posibilidad.
Sostuvo fuertes críticas al procedimiento policial, y dijo que la caída del agente Mario Morena fue "una muerte evitable" porque ocurrió a causa de "errores de procedimiento en el operativo" (ver nota en página A7). El operativo fue "ineficiente e incoherente, deficiente", remarcó el legislador, que sugirió que pudo haber "omisión y negligencia" de los responsables. Esta es una de las líneas de investigación de Interior.
A continuación, Borsari hizo 79 preguntas, muchas de las cuales fueron respondidas por los ministros, aunque otras no por la reserva presumarial y operativa señaladas.
Borsari sostuvo un enfrentamiento con el subsecretario de Interior, Ricardo Bernal, cuando el jerarca salió en defensa del director de Inteligencia, José Enrique Chabat. "Lo que dijo son cosas huecas, lamentables. Debería guardar mayor respeto al Parlamento", dijo Borsari luego de escuchar al policía explicar detalles del procedimiento en Shangrilá.
Bernal, molesto, respondió al legislador que "le ha faltado el respeto a un oficial de policía y eso no se lo voy a permitir. Hizo abuso de las inmunidades que le da el cargo".
Borsari replicó a Bernal llamándolo "atrevido".
Con todas las hipótesis sobre la mesa; Interior investiga al MUSP
Con todas las hipótesis sobre la mesa; Interior investiga al MUSP
Una de las líneas de investigación que sigue el Ministerio del Interior es la posible vinculación de Saúl Feldman con el Movimiento de Unificación Socialista y Proletario (MUSP), un movimiento violentista de los años 60 que ya no existe. "Eso se está investigando", sostuvo el ministro Jorge Bruni durante la interpelación.
El MUSP, de acuerdo con crónicas periodísticas de la época, funcionó entre los años 1965 y 1968. Tuvo su origen en una escisión del Partido Socialista -por ese entonces definido como marxista y leninista- a causa de que esa fuerza política no mostraba suficiente actitud revolucionaria. Sus miembros fundamentalmente eran de la Juventud Socialista. En esos años, cinco de los doce miembros del ejecutivo del PS se unieron a la nueva agrupación.
El 17 de octubre de 1968, El País informó que la Policía desbarató un grupo terrorista y que la Justicia envió a la cárcel a cuatro de sus integrantes. Según el artículo periodístico, en esa acción de las autoridades "se intervinieron revólveres, proyectiles, textos sobre manejo y conservación de armas, folletos sobre elaboración de explosivos, precauciones para su manejo, actos de sabotaje y propaganda subversiva impresa en cintas magnetofónicas".
En aquellos años se escribió que el MUSP buscaba crear "comités del pueblo" y pregonaba "la necesidad de prepararse y armarse para enfrentar la reacción". Según se lo definía entonces, su concepción era "insurreccional". El "partido del proletariado" que buscaban formar esos dirigentes socialistas era con el fin de lograr "la insurrección", que sería "el paso final para la toma del poder popular".
Respuestas
El ministro de Defensa, Gonzalo Fernández, divulgó lo que por ahora se sabe del arsenal: son 704 armas, 486 de ellas cortas y 218 largas. De todas hay 3 fusiles FAL que fueron hurtados el 8 de septiembre de 1992 de la Escuela de Especialidades de la Armada. Y un cuarto fusil que no tiene identificación. Se identificó a 45 armas (18 pistolas, 15 revólveres, 8 escopetas, 3 rifles y 1 carabina) registradas a nombre de particulares.
El ministro del Interior, Jorge Bruni, dejó abierta la posibilidad de confirmación de una información que tenía el diputado Gustavo Borsari, y es que Feldman tendría vinculación con un grupo de izquierda, el Movimiento Unificado Socialista y Proletario.
Entre las hipótesis que manejó Bruni, y que no conformaron a la oposición, figura lo voluminoso del arsenal. El ministro indicó que el arsenal se ha estado formando desde hace 30 años. Y planteó como duda que "pudo haber interés en que nadie viera nada o pudo ser que el proceder de Feldman haya sido muy cauteloso".
El juez Jorge Díaz resolvió que la Dinacie (Inteligencia del Estado) no tomara parte por el momento del grupo interinstitucional encargado de investigar el caso, informó el ministro Fernández.
El gobierno aclaró que Feldman compraba armas robadas. En las casas no se hallaron cascos ni uniformes de las Fuerzas Armadas, como tampoco armamento de las misiones de paz. En las casas no había planos de instalaciones militares.
El gobierno aclaró que Feldman compraba armas robadas. En las casas no se hallaron cascos ni uniformes de las Fuerzas Armadas, como tampoco armamento de las misiones de paz. En las casas no había planos de instalaciones militares.
Con respecto al procedimiento en Shangrilá, se está investigando si se procedió mal o hubo algún exceso. Indaga Héctor Di Giácomo, director de Asuntos Internos.
Incógnitas abiertas
La interrogante más importante que quedó sin respuesta fue acerca de quién es Sonia Grisel Veneri Sueiro, la ex integrante del MLN-T que intervino en el asalto de 1998 al BPS en Parque Posadas. Según el ministro Bruni se abrió una investigación. Borsari quiere saber, en particular, qué vínculo tenía Feldman con ella y si, por ejemplo, los investigadores le preguntaron a los vecinos de la calle Elba si la conocen.
Ninguno de los dos ministros respondió si se determinó que Feldman estuvo vinculado a algún funcionario del actual gobierno, o si estuvo vinculado a dirigentes del Frente Amplio, como planteó el interpelante.
Se preguntó -sin que haya habido respuesta- si el Ministerio del Interior desafectó a funcionarios especializados que intervinieron en el esclarecimiento de atentados con bombas en el pasado.
Quedó sin conocerse la causa del inicio del incendio en la finca de la calle Elba, lo que destapó la existencia del arsenal. Borsari se indignó por la ausencia de resultados. "No puedo creer que no se haya traído el informe de Bomberos", protestó.
Cuando Borsari le dijo a Bruni que le dejara "las manos libres" al presidente, indirectamente le sugirió que renunciara a su cargo. El diputado no quedó conforme tras la instancia. Bruni no renunciará, confió a El País.
Tampoco se respondió si Feldman recibió el llamado telefónico de un oficial de la Seccional 12° de Montevideo avisándole que una comisión de policías de Inteligencia lo iría a ver por el incendio.
No hay resultados de la autopsia al cadáver de Feldman que permitan confirmar si se suicidó o fue abatido por el GEO.
Perfiles
W. Castillo: De militar en Cuba a asesor de Jorge Bruni
Washington Castillo es un hombre con una profunda formación militar recibida en Cuba durante su juventud en la década de los 60. Poco después de la recuperación de la democracia en Uruguay, Castillo fue contratado como encargado de seguridad del diario La República.
En 2005 fue nombrado asesor del entonces director de Secretaria del Ministerio del Interior, Jorge Youroff. Experto en armas, Castillo se transformó en un hombre de confianza de los ministros Díaz, Tourné y ahora de Bruni. En varias oportunidades viajó al extranjero para asesorarse sobre equipos para armar la Policía.
Su trabajo dentro del Ministerio del Interior está dentro de la institucionalidad, ya que es un funcionario policial, dijeron fuentes ministeriales. Ahora Castillo ocupa el puesto ministerial que antes pertenecía al actual director de Aduanas, Ricardo Prato.
Ayer, en la interpelación, el diputado blanco Gustavo Borsari dijo que Castillo "era un coronel cubano" y advirtió que éste había retirado material del domicilio particular de Feldman.
El ministro Jorge Bruni descartó que Castillo hubiera violado "la regla de oro" y señaló que su asesor era uruguayo nacido en el barrio Peñarol.
Sonia Veneri: La mujer detrás de Feldman
Ayer, durante la interpelación, el diputado blanco Gustavo Borsari vinculó a Sonia Veneri como la mujer que acompañaba a Saúl Feldman a su vivienda en el balneario Shangrilá.
Según el parlamentario, Veneri es una ex tupamara que estuvo involucrada en el asalto a la sucursal del BPS en Parque Posadas en 1998.
Borsari dijo que la banda, que fue desarticulada por la Policía, estaba conformado por varios ex integrantes del Movimiento de Liberación Nacional (MLN).
Según el parlamentario, Veneri es una ex tupamara que estuvo involucrada en el asalto a la sucursal del BPS en Parque Posadas en 1998.
Borsari dijo que la banda, que fue desarticulada por la Policía, estaba conformado por varios ex integrantes del Movimiento de Liberación Nacional (MLN).
Veneri fue encarcelada. Luego conformó una cooperativa en la Cárcel de Cabildo. El emprendimiento, que se llamó Cooperativa Alternativa Femenina, buscaba mejorar la situación laboral de las presas.
En el año 2000 ocurrió en Nuevo París un enfrentamiento entre la Brigada de Asaltos y varios delincuentes. Dos asaltantes resultaron muertos, uno herido y otro fue detenido. Los rapiñeros contaban con armas de grueso calibre de procedencia argentina. Uno de los delincuentes fue identificado como "El Pájaro". La Policía constató que había participado en el asalto al BPS.
FUENTE: El País Digital
jueves, 5 de noviembre de 2009
Homicidio filmado por las cámaras del Comcar
La pelea entre dos reclusos ocurrió el sábado pasado en la planchada del módulo 3. Uno de los presos murió tras el enfrentamiento
La pelea entre los reclusos ocurrió el sábado pasado en la planchada del módulo 3 del Comcar (Complejo Carcelario), luego de las hora 15.
Allí, se enfrentaron Miguel Francisco Virhuez (con ropa amarilla) y Jorge Luis Ferrer Rodríguez (vestido de oscuro) con largos “cortes” carcelarios (cuchillos de fabricación casera).
Luego de varios segundos, Ferrer Rodríguez hirió a Virhuez en el pecho, quien posteriormente murió. La causa de la muerte fue anemia aguda por herida cardíaca.
Constatado el hecho a través de las cámaras colocadas en el establecimiento por el Centro de Monitoreo del Ministerio del Interior, actuó el juez penal de 14° turno, Federico Álvarez Petraglia. El letrado decretó el procesamiento con prisión de Ferrer Rodríguez, como autor “penalmente responsable de un delito de homicidio”.
FUENTE: (Observa)
Fecha: 03/11/2009 | 18:02 | Montevideo, Uruguay
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