Según el Departamento de Estado estadounidense, Uruguay está entre los 57 países en los que más se lava dinero

Sábado 29.03.2008, 15:38 hs. | Montevideo, Uruguay

El gobierno busca cambiar la imagen de paraíso fiscal | Públicos y privados

Un lindo lugar para lavar la plata

Según el Departamento de Estado estadounidense, Uruguay está entre los 57 países en los que más se lava dinero. Los pocos controles tientan a los narcotraficantes.

MARCELA MORETTI

Si el narcotraficante más buscado del mundo, el colombiano Juan Pablo Ramírez Abadía, "Chupeta", quería mudarse a Uruguay porque eso facilitaría sus transacciones bancarias, quizás sea que este es un buen lugar para lavar dinero. La noticia de agosto de 2007 fue otra advertencia sobre el tránsito de capitales "sucios" por el país, una vieja sospecha que la Justicia, por primera vez, plasmó en un procesamiento en 2005.

Este delito se disfraza de actividad formal y se cuela en varios sectores. Hay estudios jurídicos que facilitan las cosas a los blanqueadores de dinero, de acuerdo al director del Centro de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos (Cecpla), Ricardo Gil Iribarne. El "Chupeta" había comprado "el combo para delincuentes": una sociedad anónima, una cuenta bancaria y un chip de celular para contactarse con su asesor jurídico sin riesgo de interferencias. Todo disponible en plaza.

Unos días antes de ser capturado en su mansión de San Pablo, el capo del cartel colombiano del Norte del Valle envió dos camiones con sus petates hacia Uruguay. La investigación brasileña reveló que planeaba retirarse de los negocios y vivir como un millonario manejando desde aquí varias empresas en Brasil. Su fortuna personal se estimaba en 1.800 millones de dólares.

El "Chupeta" había venido de vacaciones varias veces a Uruguay desde Brasil. Quizás lo hizo con el rostro cambiado ya que el heredero de Pablo Escobar se hizo cuatro cirugías estéticas en la cara. Había, por él, una recompensa de cinco millones de dólares, un poco más de lo que, se estima, lavó en Uruguay.

Fuera del caso del "Chupeta" que tuvo una faceta local pero se aclaró en Brasil, en Uruguay hubo 20 procesamientos por lavado de dinero o asistencia en el lavado desde 2005. El caso de un cuidacoches que figuraba como presidente de una sociedad anónima terminó con un escribano, que avaló la creación de la empresa, procesado en una causa de lavado de dinero.

Antes, la investigación de un caso de narcotráfico llegaba hasta que se incautaba la droga y otras pruebas del delito. Pero el caso del lavado de activos empieza recién ahí, oteando los bolsillos de los implicados.

En un procesamiento de noviembre, el juez Jorge Díaz se basó en jurisprudencia española para enumerar tres indicios relevantes para establecer el delito de lavado de activos: "incremento inusual del patrimonio, que pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias", "inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias" y "constatación de algún vínculo o conexión con actividades de tráfico de estupefacientes o con personas o grupos relacionados con las mismas". El expediente terminó con el procesamiento de una pareja que hasta el 1° de octubre de 2004 vivía en el Barrio Marconi y en mayo de 2007 tenía una casa de 110.000 dólares en Carrasco, otros tres padrones, un camión, una camioneta, dos motos y un automóvil.

Lo que es un negocio redondo para los narcotraficantes se puede convertir en fondos frescos para el Estado cuando se constata el lavado de activos.

"Esta actividad se autofinancia. Hay que ubicar los bienes y devolverlos a la sociedad. La Junta Nacional de Drogas tiene la potestad de juntar los activos que se obtengan de un caso judicial para distribuirlo entre los actores que previenen y reprimen", dice Gil Iribarne.

En el patio de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas de la Policía hay vehículos incautados en procedimientos con los que no se puede hacer nada hasta que la Justicia emita su sentencia final. El gobierno tiene algunas ideas para manejar esos fondos y financiar tareas del combate al narcotráfico, como la creación de juzgados especializados, informa Gil Iribarne. "La estrategia es pegar en el bolsillo; la droga y las mulas las vuelven a conseguir". En un caso, en 2006, se lavaron nueve millones de dólares. Los narcotraficantes que lavaban dinero y eran procesados por tráfico, se aseguraban un patrimonio a la salida de prisión.

Para vaciar las billeteras de los narcos, el gobierno cree que es necesario instrumentar la figura del agente encubierto y del testigo protegido, además de la posibilidad de otorgar beneficios legales para el que "se da vuelta" y colabora, asegura Gil Iribarne. Son algunas de las iniciativas contenidas en el borrador de un proyecto que modifica y amplía la ley 17.835 de 2004 y que la Presidencia quiere aprobar este año.

La iniciativa incluye artículos polémicos. Uno propone aplicar a los escribanos la responsabilidad de denunciar situaciones sospechosas de blanqueo en las transacciones que certifique, como ya ocurre con las inmobiliarias en la compra-venta de bienes. Aunque la realidad es que las inmobiliarias se quejan de esta obligación y denuncian poco y nada, dice Gil Iribarne. La ley establece la posibilidad de multarlas en caso de una omisión fragrante, pero por ahora se apela al diálogo.

Junto con el narcotráfico, el negocio de bienes raíces es el otro sector más preocupante para los que trabajan contra el lavado de dinero. Gil Iribarne explica que en el país hay zonas de inversiones muy fuertes, como Punta del Este o el campo, y no hay un sistema preventivo para desarrollar. Las empresas deberían avisar si alguien tiene un millón de dólares para invertir.

La idea oficial es institucionalizar, además, otros sujetos obligados a denunciar casos dudosos, como las empresas constructoras que venden proyectos desde el pozo sin intermediación inmobiliaria y los administradores de las zonas francas.

En el proyecto de ley se pretenden ajustar los procedimientos de incautación y decomiso de bienes para regular el funcionamiento del fondo administrado por la Junta Nacional de Drogas que por ahora tiene bienes provenientes de otras causas, ya que todavía no hubo una sentencia definitiva en casos de lavado de dinero. El delito de lavado establece sentencias de 20 meses a 10 años, con agravantes tales como asociación para delinquir que pueden alargar la condena.

Hay otras acciones que van por fuera de una posible ley. Ya se está cambiando el funcionamiento del registro de propiedades que depende del Ministerio de Educación. Hoy en día con el número de padrón se puede saber quién es el propietario de un bien pero no se puede hacer una búsqueda por nombre para obtener un listado de propiedades de cierta persona. Para que eso sea posible se están modificando los sistemas (y antes terminando de informatizar lo que sigue en papel) y el problema está en los límites de acceso a esa información. Está claro que será abierto para la Justicia pero no si será de manejo público.

Otra zona de riesgo que está en el debe es la normativa para que los casinos estatales sepan cómo prevenir las acciones de lavado. En Uruguay no es una modalidad especialmente preocupante, pero está claro que el blanqueo en casas de juego crece a nivel mundial. Gil Iribarne dice que la situación de las salas de juego municipales y estatales es más preocupante que la del Conrad porque el casino privado utiliza normativa exigida por su casa matriz.

Para investigar, la Justicia necesita refuerzos en combate al lavado de activos. La idea del gobierno es crear dos o tres juzgados especializados a nivel nacional, una iniciativa que debe incluirse en la próxima Ley de Presupuesto porque crea nuevas oficinas públicas. El desafío es definir exactamente la materia comprendida, ya que los juzgados no serían eficientes sólo para casos de lavado. La especialización sería bajo el concepto de delitos económicos complejos.

Todo indica que la actividad en los juzgados va en aumento. A principios de marzo, cuando se difundió el último informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Vázquez, admitió que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central investiga entre 150 y 200 denuncias de operaciones "aparentemente falsas que podrían desembocar en operaciones ilícitas".

Todo empezó porque Uruguay se vendió como plaza financiera. Pero se terminó convirtiendo en un rincón interesante para negocios como los del "Chupeta".

"Antes, las estrictas leyes de secreto bancario, la política liberal cambiaria, las reglamentaciones sobre movilidad del capital y en general la estabilidad económica hicieron que Uruguay fuera un centro financiero regional, vulnerable al lavado de activos, a pesar de que el alcance y la naturaleza de las transacciones financieras sospechosas no fueron muy claras. En 2002, los escándalos bancarios, el mal manejo, junto con retiros masivos de depósitos argentinos, llevaron casi al colapso del sistema bancario, debilitando en forma significativa el papel de Uruguay como centro financiero regional. A mediano plazo, esta crisis ha disminuido el atractivo de las instituciones financieras uruguayas para los lavadores de activos", empieza diciendo el capítulo sobre Uruguay del informe del Departamento de Estado.

Hoy el secreto bancario se levanta cuando un juez lo requiere pero persisten varias debilidades acumuladas que a veces no dependen de la normativa interna. "En 30 segundos se puede mandar plata a cualquier parte del mundo. El movimiento de capitales es impresionante y Uruguay mucho tiempo se vendió como plaza financiera. No hubo una actitud alerta por el lavado hasta 2000 o 2001 cuando organismos internacionales nos sacaron las primeras tarjetas amarillas", afirma.

Un rincón oscuro son las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI) que básicamente se usaban para ocultar cosas, existiera delito o no. "Sólo servían para eso", dice Gil Iribarne. Con la reforma tributaria quedó prohibido crear más sociedades de este tipo y las que existen tienen que desaparecer en 2010.

Pero el lavado de activos no sólo esconde delitos, tiene impactos negativos en las economías que le hacen lugar. En caso de inversiones, los capitales sucios suelen ser golondrina y, cómo no se manejan con criterios comerciales convencionales, no les importa perder dinero y se convierten en una competencia irregular para los negocios establecidos.

A Gil Iribarne también le preocupa el crecimiento de este tipo de delincuencia por sus efectos en los valores de la sociedad. Recuerda que Pablo Escobar, el mayor narcotraficante de la historia de Colombia, era un hombre muy respetado y querido en ciertos sectores de la sociedad porque ganó poder a impulso de millones de dólares gastados en obras sociales que en ocasiones sustituían responsabilidades del Estado. En Uruguay no hay un Escobar a la vista, pero el "Chupeta", su sucesor, había elegido el país para vivir con su familia y sin sobresaltos.

Controles

Tres organismos gubernamentales son responsables de coordinar el combate al lavado de activos: la UIAF, la Junta Nacional de Drogas y el Centro de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos (Cecpla). El prosecretario de la Presidencia dirige la Junta Nacional de Drogas que es la autoridad en la política contra el lavado de activos. El director del Cecpla actúa como coordinador de todas las entidades del gobierno relacionadas y arma los lineamientos generales de la política en coordinación con el Ministro de Economía y Finanzas y la UIAF. Los ministerios del Interior (a través de la fuerza policial) y de Defensa Nacional (a través de la Prefectura Naval) también participan en los esfuerzos contra el lavado de activos. En 2006 se institucionalizó un grupo de trabajo de apoyo a la investigación que actúa a pedido del juez y está integrado por técnicos de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, el BCU, la DGI, el Instituto Técnico Forense y la Presidencia. El sector financiero privado tiene medidas regulatorias propias en contra del lavado de activos tales como Códigos de Conducta aprobados por la Asociación de Bancos y la Cámara de Entidades Financieras (1997), la Asociación de Cambios (2001) y el Mercado de Valores (2002).

FUENTE: http://www.elpais.com.uy/