URUGUAY:Los primeros procesamientos por TRATA DE PERSONAS

CASO
Fiscal pide primeros procesamientos por tráfico de personas
Caso. Vinculado a causa por narcotráfico
PABLO MELENDREZ
La Justicia decidirá hoy sobre dos pedidos de enjuiciamiento por el delito de "trata de personas".

En caso de disponer los procesamientos, será el primer caso de este tipo que se registra en Uruguay en base a una ley aprobada a principios de 2008.

Ayer, el fiscal penal de la Ciudad de la Costa, Gilberto Rodríguez, pidió a la jueza Mariana Mota el procesamiento de dos hombres investigados por trata de mujeres a Europa, dijeron fuentes judiciales a El País.
La solicitud del representante del Ministerio Público es una ampliación de procesamiento, ya que los dos indagados fueron remitidos a prisión en septiembre de 2008 junto a otras dos personas en el marco de la denominada "Operación Monroe", que desbarató una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

En principio, los enjuiciamientos fueron dispuestos en función del artículo 32 de la Ley 14.294, que castiga el financiamiento o asistencia de actividades vinculados con la venta ilegal de estupefacientes.
Sin embargo, en el transcurso de la investigación -la cual fue realizada por la jueza Mota en coordinación con la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid)-, se reunieron pruebas que permitieron al fiscal Rodríguez ampliar la tipificación en relación a dos de los imputados, que se encuentran recluidos en la Cárcel Departamental de Canelones.
El grupo se dedicaba a enviar mujeres a España y, una vez que llegaban a ese país, eran obligadas a desarrollar diversas tareas, entre otras, el ejercicio de la prostitución, delito previsto en el artículo 78 de la Ley 18.250, aprobada en diciembre de 2007 la cual se encuentra vigente desde enero de 2008.

"Quien de cualquier manera o por cualquier medio participare en el reclutamiento, transporte, transferencia, acogida o el recibo de personas para el trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares, la servidumbre, la explotación sexual, la remoción y extracción de órganos o cualquier otra actividad que menoscabe la dignidad humana, será castigado con una pena de cuatro a dieciséis años de penitenciaría", reza el artículo 78 de la Ley 18.250, la cual está basada en la legislación y los tratados internacionales sobre la materia.

Según las fuentes, la magistrada Mota resolverá hoy si hace lugar a la ampliación de la imputación solicitada por el fiscal Rodríguez

ANTECEDENTE.

A fines del año pasado, la jueza penal de Montevideo Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero indagaron una presunta red de trata de personas en la que, Uruguay era el destinatario y se transformaba en el puente para el ingreso a Europa. En ese caso, se investigó una presunta red internacional en el marco de la cual eran ingresados a Montevideo en forma irregular inmigrantes de la India, Bangladesh y Pakistán, quienes eran alojados en precarias condiciones mientras se tramitaba la documentación para ser trasladados a Europa o Estados Unidos. La maniobra derivó en los procesamientos con prisión a un ciudadano indio y a una mujer brasileña quienes se dedicaban a falsificar la documentación relativa al ingreso de los inmigrantes.
Esta investigación motivó que el canciller Gonzalo Fernández iniciara una indagatoria administrativa en el consulado uruguayo en la India, debido a la presunta vinculación de funcionarios diplomáticos.

El 79% de los casos es de explotación sexual
De acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentado a principios de este mes, a nivel internacional, el tráfico de personas para la realización de trabajo forzoso -incluido el sexual- reporta ganancias del orden de los US$ 32.000.000 para las organizaciones que se dedican a esa modalidad delictiva.

El informe sostiene que Uruguay es un país "proveedor" de personas principalmente para España e Italia.

El estudio recuerda que entre los años 2000 y 2006 se indagaron en Uruguay cuatro casos de este tipo.
El trabajo también indica que del total de personas traficadas, el 20% son menores de edad. Si bien el 79% de los casos tiene que ver con la explotación sexual de mujeres y menores de edad, también se dan situaciones en los que la persona traficada es obligada a realizar trabajos forzados.

El informe señala que el 20% de las personas traficadas son menores de edad.

Más allá de los datos estadísticos elaborados, existen serias dificultades para encontrar información sobre el tema.
Sin embargo, la Organización Internacional para las Migraciones ha señalado que solamente en América Latina hay cerca de 2.000.000 de mujeres, niños y adolescentes que se encuentran en situación laboral forzada.

FUENTE: El País Digital